El proceso de licitación para la gestión de importantes tramos viales en Argentina ha generado controversia tras la introducción de modificaciones significativas en las exigencias, lo que podría afectar la transparencia del procedimiento y la elección de la empresa ganadora.
Irregularidades en la licitación vial
Según denuncias de AUBASA, la empresa que participó en la licitación, durante el desarrollo del proceso el Gobierno Nacional emitió cuatro circulares con cambios que no aparecían en el pliego original. Esto generó incertidumbre entre las empresas oferentes y dificultades en la adecuación a los nuevos requisitos.
El llamado a licitación fue lanzado el 12 de noviembre de 2025, y el plazo para la recepción de consultas finalizó el 13 de febrero de 2026. El primer acto de apertura de las ofertas se realizó el 27 de febrero de 2026. AUBASA presentó su propuesta para gestionar 1.325 km de rutas nacionales y accesos clave, incluyendo la RN 3, RN 205, RN 226 y las AU Ezeiza-Cañuelas y la AU Riccheri.
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Sin embargo, el gobierno introdujo nuevos requisitos de admisibilidad mediante la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 2, publicada el 6 de febrero de 2026, que incluía exigencias técnicas y económico-financieras adicionales. Las empresas tuvieron solo 12 días hábiles administrativos para adaptarse a estas modificaciones antes de la presentación de ofertas.
Las partes denunciantes sostuvieron que AUBASA cumplió con todos los requisitos del pliego original, pero la Comisión Evaluadora solicitó aclaraciones sobre aspectos no exigidos inicialmente. Esto incluyó la validación de la experiencia en la gestión de obras, cuestionando si los trabajos presentados fueron realizados por terceros.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, respaldó a AUBASA, afirmando que la empresa “es la mejor posicionada” y tiene la capacidad de administrar las obras necesarias para el mantenimiento de estos corredores vitales. “Nuestro único objetivo es mantener las rutas en las mejores condiciones”, agregó.
AUBASA entregó, de manera voluntaria, un estado contable intermedio que no era obligatorio. Los denunciantes advierten que una eventual desestimación de su propuesta sería considerada arbitraria y carente de fundamento.
La situación genera preocupación en la provincia, donde se sostiene que si persisten las irregularidades en el proceso de evaluación, se afectaría no solo la transparencia institucional, sino también a los usuarios y sectores productivos que dependen de rutas adecuadas y seguras.
