El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires anunció la creación del Consejo Bonaerense del Trabajo, un nuevo espacio institucional destinado al diálogo y la articulación entre el gobierno provincial, los municipios, las centrales sindicales y los sectores de la producción. La medida fue formalizada a través de la Resolución N° 37-MTGP-2026, publicada en el Boletín Oficial el 27 de febrero de 2026, y lleva la firma del ministro Walter Correa.
Funcionamiento del nuevo consejo
Según establece la resolución, el Consejo funcionará en el ámbito de la cartera laboral bonaerense como un espacio de diálogo y articulación entre el gobierno provincial, los municipios, las centrales obreras y las cámaras empresariales. Este organismo buscará participar en el diseño de políticas públicas laborales con un enfoque territorial, federal y participativo, promoviendo el trabajo digno y mejorando el acceso al empleo.
Objetivos y enfoque social
Entre los objetivos generales del Consejo, se encuentra promover instancias de consulta y cooperación con organizaciones sindicales y cámaras empresariales, así como fortalecer el rol de los gobiernos municipales y las Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo. Además, se impulsarán políticas laborales con enfoque de género y justicia social, y se establecerá un Observatorio Provincial de Empleo y Trabajo para la producción y relevamiento de información.
La resolución subraya que el diálogo social tripartito es fundamental para el diseño e implementación de políticas públicas laborales, fomentando la participación activa de los distintos sectores involucrados.
Asamblea y carácter “ad honorem”
El Consejo será presidido por el Ministerio de Trabajo y se reunirá al menos una vez al año en sesión ordinaria, además de poder convocar reuniones de comisiones permanentes o transitorias. La organización y asistencia técnica estarán a cargo de una Coordinación Ejecutiva designada por la cartera laboral.
La participación de quienes formen parte del Consejo será “ad honorem”, es decir, no generará derecho a retribución ni compensación económica. Los gastos que requiera su funcionamiento se imputarán al presupuesto general vigente.