El juez federal Daniel Rafecas ha iniciado una serie de medidas de prueba en relación con la causa que investiga la compra de una quinta de lujo en Pilar, adquirida por la empresa Real Central SRL, vinculada a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, acusados de presunto lavado de dinero. Esta decisión se hizo pública tras la intervención del fiscal Ramiro González, quien formalizó la acción penal y solicitó un conjunto de medidas de gran alcance económico y patrimonial.
La investigación surge de una denuncia presentada por Elisa Carrió, el legislador porteño Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe. Los denunciantes señalaron a Pantano y Conte por la compra de un predio de más de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, en el partido de Pilar. Según la denuncia, el inmueble, que se describió como una quinta de grandes dimensiones, incluye autos de colección, un haras de caballos árabes, una pista de entrenamiento equino, instalaciones deportivas y un helipuerto.
Los denunciantes afirmaron que los ingresos de los socios no son compatibles con un patrimonio de tal magnitud: Conte era monotributista social y jubilada, mientras que Pantano es monotributista de categoría G, con una facturación máxima anual de $40 millones.
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En una resolución firmada este viernes, Rafecas decidió avanzar con las medidas solicitadas por el fiscal y los denunciantes. El juez subrayó que, aunque aún está en discusión la competencia del expediente, “resulta necesario avanzar en materia probatoria respecto de la hipótesis delictiva planteada”.
Además, Rafecas ordenó una valuación exhaustiva del inmueble, para la cual se convocará a un perito tasador de la Corte Suprema y a un perito tasador del Colegio de Martilleros de San Isidro. También se elevará el expediente a la Cámara Federal para determinar si el caso debe tramitarse en la justicia Federal o en la Justicia Penal Económico.
González señaló que existen indicios de que los compradores podrían haber actuado como intermediarios para un tercero que sería el verdadero dueño del predio. La denuncia original menciona versiones periodísticas que vinculan al lugar con Claudio “Chiqui” Tapia, aunque el planteo no lo imputa directamente, limitándose a señalar la necesidad de investigar la “trazabilidad” de los bienes.
González ha pedido el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de los investigados, además de solicitar informes a la AFIP, al Banco Central, a la IGJ, a la UIF y a diversos registros de bienes.
Las principales medidas ordenadas por Rafecas
- Obtener un perfil fiscal completo de Pantano, Conte y de Real Central SRL.
- Recabar información sobre bienes inmuebles, autos, aeronaves y equinos que pudieran estar a su nombre.
- Solicitar al Banco Central información sobre cuentas, movimientos y productos financieros vinculados a los imputados.
- Consultar a la UIF si existen Reportes de Operaciones Sospechosas.
- Requerir información de Mercado Pago sobre posibles billeteras digitales.
- Pedir datos previsionales y de afiliación de los acusados ante ANSES y PAMI.
Por último, Rafecas ha decidido incorporar a la investigación al empresario Lucas Labbad, exgerente general de Boca Juniors, para analizar su situación fiscal y financiera en el contexto de este caso.
