Medida precautelar en Buenos Aires sobre el registro de asistencia biométrica
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires decidió intervenir en la implementación de un nuevo sistema de registro de asistencia que utiliza reconocimiento facial. Esta medida afecta a un empleado que se negó a proporcionar sus datos biométricos. La resolución busca resguardar los derechos de los trabajadores y plantea dudas sobre la legalidad del sistema vigente.
Detalles de la resolución judicial
La medida fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, bajo la dirección de la jueza Patricia López Vergara. La resolución suspende, de manera precautelar, el uso del sistema de reconocimiento facial en el Palacio Lezama hasta que se resuelva el fondo del asunto.
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La jueza ordenó que el Gobierno porteño restablezca el registro de asistencia mediante huella digital, permitiendo también el ingreso con el número de DNI mientras se evalúa la legalidad del sistema.
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Origen del conflicto
El conflicto se originó el 16 de septiembre, cuando la Dirección General de Planificación y Control Operativo del Ministerio de Hacienda notificó a los empleados sobre la necesidad de revalidar sus datos biométricos. Un trabajador afectado denunció que, tras la desactivación del sistema de huella digital, su asistencia fue registrada como ausente, a pesar de haber asistido a su lugar de trabajo.
La acción de amparo presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, argumentó que el nuevo sistema vulnera la Ley de Protección de Datos Personales y el derecho al consentimiento libre de los trabajadores, así como los principios de transparencia y minimización de datos.
Requerimientos al Gobierno porteño
Además de restablecer el sistema anterior, la resolución establece que el Gobierno deberá informar en un plazo de diez días sobre la normativa que autorizó el nuevo sistema, la existencia de estudios de impacto y el registro de la base de datos. En caso de incumplimiento, la norma prevé multas diarias de $10.000 al director del área correspondiente.
Baldiviezo calificó la resolución como un “precedente fundamental” para la protección de los datos personales y la dignidad de los trabajadores, marcando un hito en la discusión sobre la privacidad y las prácticas laborales en el ámbito público.
