La Justicia federal ha declarado inválido el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad impulsada por el presidente Javier Milei. La medida, que busca proteger derechos fundamentales de personas con discapacidad, fue cuestionada a través de un amparo interpuesto por los padres de niños con trastornos del desarrollo. Estos padres alertaron sobre el desfinanciamiento que amenaza tratamientos y la existencia de instituciones de apoyo educativo.
La Ley y su Importancia
La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso, prevé un régimen integral hasta 2026, con posibilidad de prórroga por un año. Incluye financiamiento para pensiones, el fortalecimiento de prestadores y la implementación plena de la Ley de Empleo Protegido. Además, contempla una compensación de emergencia para que estos prestadores puedan contrarrestar la inflación del 2024.
El veto de Milei se sustentó en el impacto fiscal, estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI, además del principio de “equilibrio fiscal innegociable” del Pacto de Mayo. Desde el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Mario Lugones, se argumentó que el reclamo de los padres era hipotético y no constituía un perjuicio actual.
La Decisión Judicial
El juez Adrián González Charvay calificó el veto como un acto de "clara discriminación" hacia las personas con discapacidad. En su fallo, enfatizó que el derecho a la salud, la educación y la rehabilitación de los niños debe prevalecer sobre las limitaciones presupuestarias.
González Charvay advirtió que "el cierre de instituciones especializadas no es una amenaza futura, sino una tragedia presente". Desde diciembre de 2023, las prestaciones recibieron aumentos por debajo de la inflación, afectando gravemente el poder adquisitivo y poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos.
Responsabilidad del Estado
El magistrado también remarcó el "doble carácter de vulnerabilidad" de los niños con discapacidad, subrayando la necesidad de una fuerte protección estatal. En su resolución, citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró un derecho humano autónomo al cuidado y reafirmó la responsabilidad del Estado hacia la niñez y las personas con discapacidad.
La decisión judicial marca un hito significativo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y plantea interrogantes sobre las futuras políticas públicas y el financiamiento en este sector.