El Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 4 de La Plata embargó a la Provincia de Buenos Aires por $157.164.287.201 para garantizar el comienzo de obras destinadas al tratamiento de líquidos cloacales en la capital provincial y en las localidades de Berisso y Ensenada.
La medida fue dictada por el juez federal Alberto Recondo, quien ordenó mantener el monto inmovilizado en una cuenta judicial hasta que el gobierno bonaerense acredite el inicio de la primera etapa del proyecto de saneamiento. El dinero deberá ser colocado a plazo fijo con renovación automática cada 30 días hasta que se verifique el comienzo efectivo de las obras.
Este fallo responde a una causa iniciada en 2020 por daños ambientales, y se suma a una serie de resoluciones cautelares que el magistrado adoptó desde 2022, alertando sobre la grave contaminación de los cuerpos de agua, incluyendo el arroyo El Gato, el Río Santiago y el Río de la Plata.
Un informe pericial realizado por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) describió un “grado de contaminación aberrante” en todo el sistema, que se ha convertido en un vertedero de desechos cloacales y residuos urbanos.
Embargo por incumplimiento en el tratamiento de residuos cloacales
En su resolución, Recondo enfatizó que el problema de la infraestructura sanitaria en la región arrastra más de dos décadas de deficiencias. La documentación presentada evidencia que la incapacidad para depurar los residuos se ha mantenido durante años, reflejando una omisión del Estado provincial en implementar políticas ambientales efectivas.
Ya en 2022, la Justicia había ordenado que la Provincia incluyera en su presupuesto los fondos necesarios para iniciar las obras de tratamiento cloacal propuestas por la administración. Sin embargo, esta medida no fue cumplida, lo que motivó el embargo como garantía del financiamiento inicial.
El magistrado desestimó los argumentos relacionados con la falta de recursos del Estado bonaerense, recordando que el costo de la obra representaba apenas el 0,67% del presupuesto provincial. Por lo tanto, la postergación no podría justificarse por falta de financiamiento, sino por decisiones de asignación de recursos.
La decisión se adoptó tras una inspección ocular realizada por el juez en las márgenes del arroyo y su desembocadura en el Río de la Plata. En esta ocasión se constató nuevamente el incumplimiento de las tareas ordenadas, lo cual se registró en actas y material fotográfico.
El fallo también solicitó asistencia técnica a la Facultad de Ingeniería de la UNLP para evaluar un sistema de retiro de residuos sólidos en el arroyo y sus márgenes, así como verificar su correcta implementación.
Advertencias sobre la contaminación en el Río de la Plata
El embargo se da en un contexto de advertencias científicas sobre el impacto sanitario de los vertidos cloacales. Un informe de la Red de Seguridad Alimentaria del Conicet describió una “alarmante situación ambiental y sanitaria” en las playas de Berisso.
Según el estudio, el vertido de efluentes sin tratamiento ha convertido áreas recreativas en zonas de riesgo para la salud. Los análisis microbiológicos revelaron niveles extremos de contaminación: mientras que la normativa establece un límite de 2.000 bacterias coliformes fecales por cada 100 mililitros, en la descarga cloacal se registraron valores promedio cercanos a 7,1 millones.
Paralelamente, la organización ambiental Nuevo Ambiente solicitó que no se aplique el aumento tarifario de la empresa Aguas Bonaerenses, argumentando que el sistema cloacal opera de manera incompleta y que la planta de pretratamiento en Berisso es insuficiente para tratar el volumen de efluentes generado por las tres localidades afectadas.