La Justicia Federal de Tucumán ha tomado una decisión significativa que beneficiará a los titulares de Pensiones no Contributivas (PNC) que se encontraban con sus prestaciones suspendidas. En un fallo emitido por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, se ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) anular dichas suspensiones, lo que implica que la Anses deberá reanudar el pago de estas subsidios esenciales.
Reactivación de coberturas médicas y pagos retroactivos
La resolución del juez no solo implica la reactivación de los pagos de las PNC, sino que también incluye la cobertura médica del Programa Incluir Salud para sus beneficiarios. Adicionalmente, se contempla la liberación de fondos retenidos, lo que permitirá efectivizar los pagos retroactivos correspondientes a aquellos que vieron interrumpido su beneficio.
Impacto de la decisión en el contexto nacional
Con esta medida, Tucumán se alinea con otras provincias como Formosa y Catamarca, donde ya se han ordenado restituciones similares de las PNC. El juez argumentó que la suspensión de estas pensiones representa un retroceso en derechos fundamentales, y puede causar daños irreparables a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. También criticó las auditorías médicas, señalando que se realizaron con graves fallas y que no se garantizó el derecho a defensa adecuado para los beneficiarios.
La resolución provino de un amparo colectivo impulsado por la Defensoría del Pueblo de Tucumán y tiene un impacto inmediato en los beneficiarios de PNC en la provincia.
Procedimiento para beneficiarios en otras provincias
En jurisdicciones donde las PNC aún no han sido reactivadas judicialmente, los beneficiarios deben presentar reclamos ante la Andis. En caso de que el trámite no progrese, se aconseja acudir a la Defensoría del Pueblo o al Colegio de la Abogacía local para recibir asesoramiento legal gratuito. Esto podría llevar a la judicialización del caso.
Es relevante mencionar que, pese a la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, su aplicación fue suspendida por el Decreto 681/2025. Ante esta situación, se presentó un amparo colectivo con la finalidad de que la Justicia ordene su aplicación. Además, las auditorías en el área de discapacidad continúan, tal como lo establece el Decreto 843/2024.