La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ha confirmado la restitución de las Pensiones No Contributivas (PNC) en la provincia de Formosa, rechazando el recurso de apelación presentado por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Esta decisión reafirma la medida cautelar que permite a los beneficiarios reanudar el cobro de sus prestaciones suspendidas por Anses.
Fallo judicial en favor de los beneficiarios de PNC
El caso surgió a raíz de una presentación de la Defensoría del Pueblo de Formosa en colaboración con un grupo de titulares de PNC, quienes cuestionaron la decisión de suspender los pagos. En primera instancia, la jueza había ordenado el levantamiento de las retenciones en un plazo de 24 horas, permitiendo la liberación de los fondos depositados en las cuentas de los beneficiarios.
La Andis apeló esta resolución, argumentando que desconocía sus facultades de control según lo establecido en el Decreto 432/1997. Además, la agencia afirmó que la falta de revisión de las pensiones podría afectar la administración de los recursos públicos.
No obstante, las juezas Patricia Beatriz García y Rocío Alcalá concluyeron que la medida cautelar no significaba un prejuicio en el proceso. Resaltaron la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, dado el carácter alimentario de las PNC por invalidez.
El tribunal enfatizó que la suspensión de estas prestaciones perjudicaba la subsistencia de los beneficiarios. Recordó que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, junto con los tratados internacionales de derechos humanos, obliga al Estado a brindar una protección especial a personas con discapacidad. Esta resolución refuerza la importancia de garantizar una tutela judicial efectiva en plazos razonables, subrayando que para jubilados y pensionados, el tiempo puede representar un daño irreparable.
Daniel Arroyo reclamó restituciones a nivel nacional
El fallo se produce en un contexto de críticas hacia la gestión de la Andis, que ha sido objeto de cuestionamientos por las bajas masivas de pensiones. En este sentido, el diputado Daniel Arroyo advirtió que las auditorías realizadas se hicieron con criterios poco claros y que las notificaciones se enviaron a domicilios desactualizados, en lugar de dirigirlas a médicos y provincias con altos niveles de otorgamiento de beneficios.
El legislador subrayó la necesidad de restituir 90.000 PNC a beneficiarios que nunca recibieron una citación adecuada. Esta situación pone de relieve la urgencia de una revisión exhaustiva de los procedimientos de la agencia para asegurar que todos los ciudadanos con derecho a pensión reciban el apoyo necesario.
