En la localidad de Pinamar, la zona de La Frontera sigue siendo un tema de debate tras varios accidentes entre vehículos. El 12 de enero de este año, un trágico incidente dejó a Bastián, un niño de 8 años, con múltiples fracturas en el cráneo tras un choque entre un UTV y una camioneta.
La Frontera: un espacio sin control
La Frontera es conocida por no contar con carpas ni alambrados. Solo presenta un paisaje de dunas y playas que atrae a aficionados de cuatriciclos, UTVs y 4×4. Sin embargo, la falta de control y las reglas claras generan un entorno peligroso. Este último accidente hizo que la municipalidad endureciera los controles en los accesos.
El entorno se complica aún más, ya que gran parte de las tierras son privadas. Aunque el municipio intenta aumentar los controles, la delimitación del espacio, hecha de manera informal, se torna difícil debido a la conducta de algunos propietarios que retiran los marcadores.
Te puedeinteresar
Responsabilidad y legislación en la zona
La mayor parte de las tierras en el norte de Pinamar pertenecen a Montecarlo Real Estate SRL, liderada por Victorio Américo Gualtieri, un empresario conocido por su participación en el sector de la obra pública en los 90. La empresa, involucrada en numerosas controversias legales, se ha visto criticada por no implementar controles más estrictos en sus terrenos.
Otro actor clave es Dunas S.A., cuya propiedad, dirigida por Daniel Mautone, presenta un vínculo con la industria del juego. Mautone ha sido indicado como un referente en el sector, con influencias significativas en el casino de Pinamar y otras provincias.
Propuestas de regulación
En medio de este escenario, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez plantea que la condición de propiedad privada no excluye la intervención estatal, sobre todo cuando se trata de preservar la seguridad pública. Esto abre un amplio debate sobre cómo el Estado puede actuar en terrenos que, aunque privados, son utilizados de manera informal.
En este contexto, surge el Plan Pinamar 2050, presentado por el intendente Juan Ibarguren, que busca establecer un ordenamiento claro en La Frontera. Este plan tiene como objetivo definir usos de tierras y establecer límites entre lo público y privado, buscando prevenir futuros accidentes.
Sin embargo, la implementación del plan es un proceso que llevará tiempo, pues debe ser aprobado por el Concejo Deliberante y luego validar la normativa con la Provincia de Buenos Aires, lo que podría tomar varios años. La necesidad de regular una zona que ha funcionado sin reglas claras es un desafío que debe abordarse urgentemente para garantizar la seguridad de quienes visitan La Frontera cada verano.
