Con la llegada de las fiestas y el calor, Argentina enfrenta una crucial temporada de definiciones en el ámbito político. Desde ahora y hasta el 30 de diciembre, el Gobierno tiene como prioridad aprobar el Presupuesto y la ley que eleva la base punible por evasiones impositivas. Al mismo tiempo, se intensifica la discusión sobre la reforma laboral, la reforma impositiva y la ley de glaciares, aunque la realidad puede ser diferente a lo que se prevé.
En las primeras 48 horas desde la conformación del nuevo Congreso, se trazó un cronograma que busca lograr media sanción el 17 de diciembre y la aprobación definitiva en el Senado el 29, justo un día antes del cierre de sesiones extraordinarias y a solo tres días del Año Nuevo.
Las conversaciones entre el Ejecutivo y los gobernadores son constantes, mientras que la primera minoría en Diputados busca consolidar un plan de acción que, aunque oficialmente no se admite, podría resultar en otro año sin Presupuesto, en contraposición a la exigencia del FMI.
La ley que regula ingresos y gastos públicos, esencial para el Gobierno, parece alejarse de su objetivo. Aún falta mucho por consensuar y la logística para garantizar la visita de senadores en medio de las festividades es complicada. Un funcionario de la Casa Rosada afirmó que “el proceso se empantana con el dictamen en Diputados.”
El interés por aprobar el Presupuesto ha disminuido frente a la urgencia de sancionar la reforma laboral, que el oficialismo busca tener lista antes del 1 de marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias. Este cambio de foco busca apaciguar a los sindicatos, a pesar de que la CGT planea movilizaciones para la próxima semana.
El proyecto, que tiene el respaldo del Presidente y del Consejo de Mayo, se encuentra en manos de la senadora Patricia Bullrich, quien lleva adelante el plan legislativo para su reforma.
Predadores: el enojo de los empresarios
Durante un seminario, el empresario Paolo Rocca criticó a la competencia desleal que representa China, que produce el 50% del acero mundial. En su discurso, mencionó que la caída del consumo y la presión en su mercado está generando una “actitud predatoria”. Rocca resaltó que las 1180 empresas de su conglomerado industrial generan empleo para más de 50.000 personas, lo que refleja la importancia del sector.
A pesar de las oportunidades de diálogo con funcionarios, como Toto Caputo y Pablo Lavigne, los industriales están preocupados por la falta de respuesta a sus inquietudes. La Unión Industrial Argentina (UIA) ha expresado que para lograr una competitividad real, el sistema impositivo debe ser menos gravoso.
Las discusiones sobre cómo mejorar la industria se hacen cada vez más relevantes, especialmente ante la incertidumbre sobre si los planteos de los empresarios llegan efectivamente al Presidente.
Operativo para calmar a Gianni
En un clima de supuesta armonía interna en la Rosada, surgen conflictos menores que podrían tener repercusiones significativas. El caso de Leila Gianni en La Matanza es un ejemplo claro. Gianni, ex camporista, se ha desmarcado del bloque y ha formado uno propio, generando inquietud en el interior libertario, donde se teme que su malestar pueda ocasionar un conflicto mayor.
Con una cúpula más unida, la situación podría complicarse si no se contienen las desilusiones que surgen entre las filas del partido.
La paritaria de los ministros
Otro tema de interés durante el verano es la actualización salarial de los funcionarios del Gabinete, la cual se promete para enero. Existe tensión en el sector, ya que algunos miembros del círculo íntimo del Gobierno han manifestado su disposición a renunciar si no se cumple con el aumento. El presidente Javier Milei cobra $4.000.000, mientras que los ministros rondan los $3.500.000.
A medida que se aproxima enero, la presión por aumentar los salarios se vuelve palpable. La necesidad de ocupar puestos vacantes con profesionales capacitados se suma a la presión presente en la gestión actual, que ha decidido mantener los sueldos congelados para no ser considerados parte de la “casta”. La pregunta es si estos aumentos podrán concretarse en un país que atraviesa crisis económica, donde el impacto social es significativo.