La reciente expulsión de Juan Pedro Martínez Piedrahita, un migrante uruguayo que residía en Argentina durante casi dos décadas, ha puesto de relieve las implicaciones sociales y familiares de las nuevas regulaciones migratorias. Esta situación ha provocado un impacto significativo en su familia, que se vio privada de recursos económicos tras su retorno a Uruguay.
Contexto de la Expulsión
Martínez Piedrahita fue detenido y expulsado a Uruguay a mediados de julio de 2025, en el marco de las modificaciones a la ley de migraciones dispuestas por decreto. La medida se ejecutó sin que pudiera comunicarse con su familia, lo que generó una crisis inmediata para su esposa e hijos, quienes quedaron en Argentina tras su salida.
Acción de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires tomó intervención de oficio en este caso, trabajando en conjunto con la Mesa Interministerial de Migraciones. Su objetivo era asegurar la protección de los derechos fundamentales de la familia, y coordinar con organismos estatales para facilitar el acceso a los beneficios sociales para la esposa e hijos argentinos de Martínez Piedrahita.
Te puedeinteresar
A través de un pedido formal de intervención ante la ANSES, la Defensoría logró la restitución de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un ingreso clave para la subsistencia de la familia. Esta gestión fue esencial para prevenir el desamparo económico inmediato de los niños y niñas, quienes dependían de este apoyo estatal.
Derechos Humanos y Familias Migrantes
La Defensoría ha reiterado su compromiso con la protección de la unidad familiar y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Si bien las autoridades deben aplicar las normativas vigentes, enfatizan que esto no debe comprometer el respeto por el debido proceso ni las garantías de defensa.
Además, destacan que todas las políticas migratorias deben ser diseñadas de manera que eviten la fragmentación familiar y la profundización de situaciones de vulnerabilidad. La protección del interés superior del niño debe ser una prioridad en todos los casos que respectan vínculos familiares en el país.
