Las denuncias contra la empresa de micros Metropol por un presunto inflado de subsidios al transporte escalaron en las últimas horas y derivaron en una fuerte crisis política. La acusación apunta a una supuesta manipulación de los datos del sistema SUBE que habría generado un perjuicio millonario para el Estado y para el resto de las empresas del sector.
La presentación fue impulsada por las principales cámaras empresarias del sector, que señalaron a Metropol como beneficiaria de una maniobra destinada a incrementar de manera artificial los fondos que el Estado transfiere en concepto de subsidios. El eje de la denuncia está puesto en el uso de los registros del sistema SUBE.
El trasfondo de la controversia se remonta a la Resolución 45/2024 de la Secretaría de Transporte, publicada en noviembre, que modificó el criterio para calcular las compensaciones. Desde entonces, los subsidios comenzaron a determinarse principalmente por la cantidad de pasajeros transportados y el índice de pasajeros por kilómetro, en base a los datos de la SUBE.
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La maniobra de Metropol que denuncian las cámaras empresarias
Según las cámaras, Metropol habría aprovechado este cambio para registrar viajes cortos como si fueran tramos intermedios o largos, entregando boletos de mayor valor tarifario sin que existiera un aumento real ni en la distancia recorrida ni en la cantidad de usuarios transportados.
Este tipo de alteración tiene un impacto directo en el monto del subsidio, ya que en los tramos más extensos el aporte del Estado es considerablemente mayor. De acuerdo con la denuncia, el simple corrimiento de la sección tarifaria registrada habría permitido incrementar de forma automática las compensaciones recibidas.
El presunto esquema fue detectado a partir del análisis comparativo de los datos de la SUBE antes y después de la entrada en vigencia de la resolución. En líneas operadas por Metropol, como la 195, se registraron fuertes caídas en los viajes cortos y subas casi idénticas en las secciones siguientes, un patrón que también se repitió en otros recorridos del grupo.
Las cámaras empresarias estimaron que esta migración artificial de secciones tarifarias habría generado un perjuicio cercano a los $1.000 millones mensuales, con un desvío total que podría ubicarse entre los $2.000 y $3.000 millones por mes, afectando tanto a las arcas públicas como al reparto general de subsidios.
Desde Metropol rechazaron las acusaciones y aseguraron que no existió una maniobra deliberada. Sostuvieron que los cambios en los registros responden a la corrección de la llamada “evasión gris”, mientras el caso avanza hacia la Justicia y vuelve a poner bajo la lupa el sistema de subsidios al transporte.
