El máximo tribunal de justicia del país resolvió que es constitucional aplicar impuestos internos a los cigarrillos, lo que obliga a Pablo Otero, conocido como "El Señor del Tabaco", a abonar más de u$s1.000 millones reclamados por el Estado. Esta decisión marca un hito en el prolongado debate sobre la fiscalización del tabaco y las implicancias económicas que conlleva para la industria.
La Corte Suprema convalidó el impuesto interno a los cigarrillos
Con un fallo unánime de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había declarado inconstitucionales varios artículos de la Ley 27.430, que regula el gravamen a este sector. La decisión también beneficia a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a Massalin Particulares, un competidor clave en el mercado.
Esta resolución obliga a Tabacalera Sarandí a aplicar el denominado "impuesto mínimo", cerrando un ciclo de ocho años en que la compañía comercializó sus productos a precios inferiores a los de sus rivales, amparándose en fallos judiciales favorables. Las cautelares que la protegían han sido revocadas, y el tribunal recordó que la evaluación de los tributos corresponde al Poder Legislativo.
Implicancias del fallo
La Corte puntualizó que el impuesto tiene una doble finalidad: recaudatoria y en pro de la salud pública. Este enfoque se alinea con estándares internacionales, como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el marco del Convenio Marco para el Control del Tabaco.
El tribunal también subrayó que los impuestos son una herramienta fiscal esencial para proteger la salud de la población. En este sentido, subrayó que aumentar la carga impositiva sobre el tabaco es la "medida más efectiva" para reducir su consumo y proteger los derechos de niños y adolescentes.
Defensa insuficiente
En su defensa, Otero argumentó que había adherido a una moratoria de ARCA y fracasó en su intento de desafiar la constitucionalidad del impuesto. Sin embargo, la Corte consideró que no presentó pruebas suficientes que evidenciaran que el impuesto pusiera en riesgo su actividad empresarial. Afirmó que no demostró un perjuicio concreto ni estableció una relación directa entre las normativas impositivas y su situación económica.
El fallo reafirma la amplitud de la discrecionalidad legislativa al buscar proteger la salud pública a través de medidas fiscales, reiterando que las decisiones sobre impuestos deben considerar el bienestar de la población frente a demandas corporativas. En este contexto, el caso de Tabacalera Sarandí, que produce marcas como Master Red, Red Point y Kiel, se convierte en un referente de la lucha entre la regulación estatal y los intereses económicos del sector tabacalero.