La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó esta semana la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa por Vialidad. Esta decisión respalda la disposición emitida por la Anses en 2024, que eliminó sus jubilaciones de privilegio. La medida fue promovida por el Ministerio de Capital Humano tras la condena dictada en doble instancia.
Baja de jubilaciones de privilegio
El fallo original, emitido en diciembre de 2022, condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Con la confirmación de la Corte, se valida el criterio seguido por Anses para la baja de sus asignaciones vitalicias. Esta eliminación fue oficializada en la Resolución 1092/2024.
El fallo también habilita a Anses a requerir el reintegro de los fondos ya percibidos por Fernández de Kirchner. En este contexto, se está reclamando a Amado Boudou el pago de $236.066.031,25, más la actualización correspondiente.
Cobraba un plus por zona desfavorable
Además de sus jubilaciones, Cristina Kirchner recibía un plus por zona desfavorable otorgado por Anses. Este adicional se basado en el domicilio que figuraba en su DNI, correspondiente a Santa Cruz, a pesar de que la exmandataria residía en gran medida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El cobro de este complemento ha sido objeto de críticas. Mariano de los Heros, entonces titular de Anses, indicó que la exmandataria solicitó este adicional mediante un trámite específico, aunque su residencia efectiva no justificaba tal percepción.
Cristina demandó a Anses para recuperar sus beneficios
Tras la eliminación de sus beneficios, Cristina Fernández de Kirchner interpuso una demanda contra Anses en la justicia federal de la Seguridad Social. En su presentación, solicitó la nulidad de la resolución que le revocó las asignaciones y pidió una medida cautelar para que se le restituya, al menos, la pensión por viudez de Néstor Kirchner.
La expresidenta argumentó que la resolución de Anses es nula y que infringe principios constitucionales, alegando que sus haberes son su único ingreso, dado que existen inhibiciones judiciales sobre sus bienes. Además, denunció una supuesta persecución política por parte del actual gobierno.
