La Cámara de Diputados de Argentina tiene agendado para el miércoles 4 de junio el debate de un proyecto de ley que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta iniciativa, impulsada por el diputado Daniel Arroyo, propone la restitución de las Pensiones no Contributivas (PNC) que han sido dadas de baja por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Avales y críticas al proyecto
El proyecto ya cuenta con un dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y Acción Social y Salud Pública. Su objetivo es tomar medidas urgentes para mejorar el acceso a derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad. Sin embargo, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ha manifestado su oposición a la sanción de esta ley.
Restitución de PNC y actualización de prestaciones
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la restitución de las PNC que fueron eliminadas durante auditorías de Andis. Según Daniel Arroyo, en el último año y medio solo se otorgaron 586 pensiones de las 500.000 solicitudes que se presentaron, lo que representa menos del 0,1%.
El proyecto también incluye medidas para definir un presupuesto destinado a actualizar las retribuciones de los prestadores de servicios, como transportistas y acompañantes terapéuticos. También se consideran fondos para los trabajadores con discapacidad que laboran en talleres protegidos, quienes reciben actualmente $28.000 mensuales, cifra que no ha sido modificada desde febrero de 2023.
Críticas al proceso de auditorías de Andis
El proyecto aboga por mayor eficiencia en la auditoría y aprobación de PNC por parte de Andis. Arroyo ha criticado que, aunque la auditoría es necesaria, no se está llevando a cabo de manera adecuada, lo que ha generado desesperación entre las personas con discapacidad.
Mientras tanto, los prestadores de servicios en discapacidad están llevando a cabo paros y movilizaciones en varias ciudades del país, incluyendo Mendoza, Rosario, y Córdoba, para denunciar la falta de actualización de honorarios y demoras en los pagos, además de un desfinanciamiento sostenido del sector.
En este contexto, las auditorías de Andis tienen como objetivo verificar que los titulares de PNC cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 843/2024.
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