La Legislatura bonaerense se prepara para una jornada decisiva el próximo 26 de noviembre, donde ambas cámaras serán convocadas a tratar un paquete de leyes enviado por el gobernador Axel Kicillof. El oficialismo busca aprobar urgentemente medidas antes del 10 de diciembre, fecha que marcará un cambio en la composición legislativa tras las elecciones del 7 de septiembre. La incertidumbre gira en torno al respaldo necesario para el endeudamiento previsto, vital para el gobernador.
Escenario de deuda y precarización
El paquete legislativo, que incluye un proyecto de presupuesto y una ley fiscal impositiva ya con dictamen favorable, se enfrenta a la difícil situación económica que atraviesa la provincia. Kicillof ha declarado una emergencia económica, en un contexto marcado por la falta de financiamiento federal que, según el gobierno provincial, asciende a 12 billones de pesos en recortes de fondos por parte de la Nación. Esta situación ha generado un freno en obras públicas y un impacto negativo en áreas cruciales como educación y trabajo.
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El gobernador ha señalado que la medida de emergencia busca habilitar un Fondo de Recupero de Deuda, cuyos recursos estarán dirigidos a equilibrar las cuentas provinciales. Sin embargo, críticos del plan apuntan a que se perpetúa el ajuste sobre sectores vulnerables, manteniendo la precarización laboral en aumento y la lucha por derechos laborales como eje central.
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Endeudamiento por más de 3.600 millones de dólares
El proyecto de ley de financiamiento propone autorizar un endeudamiento de USD 3.685 millones, cifra que duplicaría lo solicitado en el año anterior. Un alarmante 90% de este nuevo endeudamiento estaría destinado a cubrir deudas previas, muchas de ellas heredadas del gobierno anterior de María Eugenia Vidal. La falta de un dictamen de la comisión de presupuesto añade un grado de incertidumbre a la situación, en medio de negociaciones complejas donde el oficialismo denuncia presiones para garantizar la aprobación.
Recortes en salud y educación
El presupuesto para 2026 contempla un aumento del 20.2% en recursos, sin embargo, se queda corto frente a la inflación proyectada. En el ámbito educativo, la partida destinará solo un 24.78% del total, un retroceso que rememora épocas anteriores a la gestión actual. La DGCyE, por ejemplo, recibirá menos recursos que durante el gobierno de Vidal, mientras que la creación de cargos docentes y la mejora salarial se encuentran estancadas.
La situación de los trabajadores de salud es igualmente precaria, con cientos de becarios y personal en condiciones de vulnerabilidad laboral sin mejoras en su estatus. El presupuesto también reduce drásticamente la inversión en áreas críticas como vivienda y trabajo, donde las propuestas no alcanzan a mitigar la creciente crisis del empleo en la provincia.
Un panorama sombrío para políticas de género
Las políticas de género también sufren un recorte significativo, con apenas 0.05% del presupuesto destinado a abordar la violencia de género, a pesar de que la provincia lidera las estadísticas de femicidios en el país. Iniciativas de otros ministerios se mezclan en un intento de aparentar compromiso, pero los resultados tangibles siguen siendo mínimos.
Resistencia y movilización ante el ajuste
En este contexto de ajuste y endeudamiento, las organizaciones sindicales y movimientos sociales, como los autoconvocados del sector salud, intensifican su resistencia. Con una movilización marcada para el 26 de noviembre, la consigna es rechazar un presupuesto que consideran injusto y que descargaría la crisis sobre los trabajadores y sectores más vulnerables de la provincia.
