La situación de las transferencias de fondos a las provincias por parte de ANSES ha suscitado un creciente conflicto entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. A medida que se intensifican los reclamos, el marco judicial se convierte en escenario clave para resolver las tensiones políticas y financieras que atañen a varios distritos.
Deuda previsional en el centro de la disputa
Todo comenzó en marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei suspendió mediante un decreto las transferencias que ANSES debía realizar mensualmente a las provincias que no habían traspasado sus cajas jubilatorias al Estado nacional. Esto generó un impacto significativo en las finanzas de estas regiones, ya que desde entonces, la provincia de Buenos Aires no ha recibido fondos por este concepto.
En abril de ese mismo año, el gobernador Axel Kicillof presentó una demanda ante la Corte Suprema, exigiendo la restitución de esos fondos que la provincia sostiene son reconocidos por la ley. La magnitud del reclamo es considerable, representando casi el 50% del déficit previsional total de las provincias que no han transferido sus cajas.
Consideraciones sobre el rol de ANSES
El organismo previsional, por su parte, argumentó que no contaba con la información necesaria para calcular las transferencias adeudadas. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó este argumento y le otorgó un plazo de 30 días para que verificara la información correspondiente. Según expertos, el cálculo no es tan complejo, dado que ANSES debería estimar lo que habría percibido un jubilado bonaerense si el sistema previsional se hubiera transferido a la Nación, y enviar esa diferencia a la provincia.
Esta situación ha llevado a que el gobierno de Milei cierre acuerdos con provincias que han aceptado los términos del gobierno central. Estos acuerdos han sido considerados más como una forma de extorsión que como negociaciones en igualdad de condiciones, favoreciendo a provincias como Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, entre otras.
Desbloqueos selectivos y falta de diálogo
Kicillof ha denunciado que la entrega de fondos adeudados a aquellas provincias que se convierten en "aliadas" de Balcarce 50 pone de manifiesto que los recursos existen, pero se asignan de manera privilegiada a gobiernos "dialoguistas". Actualmente, no hay un canal de diálogo directo entre Kicillof y la Casa Rosada, y ante esta situación, la provincia está apostando gran parte de sus esfuerzos a la vía judicial para resolver el conflicto.
Este escenario se presenta como una nueva prueba del delicado equilibrio entre las provincias y el gobierno nacional, donde las decisiones políticas parecen tener un impacto directo en el bienestar de millones de ciudadanos.