El gobierno de Axel Kicillof aprobó el traslado de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la provincia de Buenos Aires, una decisión que agudiza la controversia con la Inspección General de Justicia (IGJ). Este organismo había objetado el cambio de jurisdicción y mantiene una investigación sobre la conducción del fútbol argentino.
La AFA, liderada por Claudio Tapia, enfrenta un periodo de intensa exposición pública, en medio de denuncias por presuntas irregularidades contables, el uso de sociedades comerciales asociadas a su gestión y cuestionamientos sobre el manejo de fondos.
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Ante esta situación, la IGJ solicitó formalmente al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la AFA. Este pedido surgió después de que el organismo considerara insuficiente la documentación presentada por la asociación respecto a los requerimientos solicitados.
Desde el Gobierno, se argumentó que la intención es examinar los libros contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, además de obtener información sobre las sociedades comerciales constituidas en los últimos años bajo la estructura de la AFA.
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El Ministerio de Justicia informó que el pedido se debe a la “gravedad de las irregularidades detectadas”, y que la decisión final sobre la intervención estará a su cargo. En el Ejecutivo anticipan que, de avanzar la medida, la supervisión incluiría un contador y dos abogados.
La auditoría se enfocará en el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), revisando aspectos como la adquisición de inmuebles, el equipamiento, la contratación de autoridades y los convenios con terceros. Además, se evaluarán las relaciones comerciales y financieras con empresas que gestionan derechos deportivos y operaciones económicas.
La decisión de trasladar la sede se enmarca en un contexto crítico, ya que la IGJ había indicado que la AFA no presentó el balance correspondiente a 2025, a pesar de los requerimientos y plazos otorgados. Esta entidad sostiene que la información fue entregada de manera parcial y que faltan detalles sobre ingresos y egresos del último ejercicio.
La estrategia de mudarse a la provincia
Por su parte, el abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, comunicó que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires había ratificado la mudanza de la AFA y cuestionó la competencia del organismo nacional sobre la entidad.
Esta resolución fue interpretada en la Casa Rosada como una estrategia para desactivar el control de la IGJ y trasladar la disputada al ámbito judicial. Desde el Gobierno, se observa que esta situación “no altera el proceso en curso” y que se continuará con los procedimientos necesarios.
Según información filtrada, la resolución provincial fue firmada horas después de la notificación formal de la IGJ a la AFA. Además, el documento no precisaría el domicilio de la nueva sede en el partido de Pilar, un aspecto que ya había sido objetado por el organismo nacional.
Recientemente, la IGJ había rechazado el pedido de traslado de la sede social a jurisdicción bonaerense, concluyendo que en el lugar señalado como nuevo domicilio no existían oficinas ni instalaciones operativas de la entidad.
Desde el organismo de control se argumenta que no se trata de un cambio efectivo de sede, sino de una modificación de jurisdicción administrativa. Esta interpretación es la base de la disputa actual entre Nación y Provincia.