La Iglesia Universal del Reino de Dios se encuentra bajo investigación judicial por presuntos delitos de lavado de dinero relacionados con el líder de la organización, Ricardo Alberto Cis. La causa se inició en 2020 y explora hechos que se remontan a hace varias décadas.
Origen de la Investigación
La investigación se desató cuando Ricardo Alberto Cis, pastor y figura central de la iglesia, intentó adquirir una radio para promover su mensaje religioso. Sin embargo, su situación económica no justificaba el costo de la compra, lo que llevó a las autoridades a examinar una serie de transferencias de dinero realizadas por la iglesia.
Cis justificó el origen de los fondos afirmando que provenían de los diezmos aportados por los fieles, aunque no presentó documentación que verifique sus afirmaciones. Esto desencadenó un análisis más profundo sobre las donaciones recibidas por la organización.
Análisis Financiero
La Unidad de Información Financiera (UIF) llevó a cabo un exhaustivo análisis de las donaciones recibidas, revelando que en 2010 más de 45 personas realizaron depósitos que suman $4 millones. En 2012 y 2013, 26 personas donaron un total de $160 millones. Uno de estos donantes era beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, lo que ha generado más cuestionamientos sobre la procedencia de los fondos.
Entre 2010 y 2014, la iglesia recaudó aproximadamente $260 millones. Actualmente, esta organización posee siete inmuebles en Ciudad de Buenos Aires y 14 en la provincia, así como otras propiedades en el interior del país. Adicionalmente, cuentan con 186 vehículos y un avión Cessna 750, acumulando un patrimonio que asciende a cinco millones de dólares en bienes.
Próximas Declaraciones
Un total de 13 personas están bajo investigación y deberán declarar ante el juez Diego Amarante el próximo 30 de agosto, a solicitud del fiscal Emilio Gueberoff. Entre los convocados figuran María Idineo Oracz de Assis, presidenta de la iglesia; Ramon Raitelli, tesorero; así como Douglas Alexander Alves Coutinho y Carlos Alberto Souza Magalhaes, quienes están vinculados al actual contexto político de Brasil.
La investigación continúa en curso, con las autoridades evaluando la magnitud de las irregularidades.