El debate sobre la legalización de la eutanasia en Argentina se reaviva con la presentación de una nueva iniciativa por parte del diputado de la UCR Julio Cobos. Este proyecto busca regular la muerte asistida en el país, inspirándose en la reciente legislación aprobada en Uruguay. La iniciativa asume un importante contexto social, donde se han llevado a cabo consultas sobre la percepción de la eutanasia entre los ciudadanos argentinos.
Antecedentes Legislativos
La legalización de la eutanasia no es un tema nuevo en el Congreso argentino. Desde 1997 hasta 2000, se registraron al menos siete iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la muerte asistida y a regular la toma de decisiones para aquellos pacientes incapaces de expresarse.
En 2021, se presentaron diversos proyectos relacionados con el tema. Además de la propuesta de Cobos, Alfredo Cornejo y Mariana Juri presentaron la Ley de “Buena Muerte”, mientras que la diputada del Frente de Todos, Mara Brawe, propuso el proyecto denominado “Derecho a la prestación de ayuda para morir dignamente”. A su vez, en 2024, Mariana Juri y Rodolfo Suárez de la UCR renovaron su compromiso con la presentación del proyecto “Buena Muerte”.
Ley de Eutanasia: Contenido del Proyecto
La propuesta de Cobos establece requisitos clave para acceder a la eutanasia, que incluyen:
- Ser mayor de edad.
- Ser argentino o residir en el país por al menos 12 meses.
- Padecer una enfermedad grave, incurable o con padecimiento crónico.
- Recibir información médica completa sobre tratamientos disponibles y cuidados paliativos.
Además, el paciente o sus familiares autorizados deben presentar documentación específica, que comprende:
- Dos solicitudes con un intervalo mínimo de quince días, junto con testigos y una validación judicial o notarial.
- Consentimiento informado.
Cabe destacar que el paciente mantiene el derecho de revocar su decisión en cualquier momento, y el médico a cargo tiene la posibilidad de ejercer objeción de conciencia. La propuesta también incluye modificaciones en el Código Penal para proteger a quienes participen en la práctica de la eutanasia, eximiéndolos de ser denunciados como delitos.
La presentación de este proyecto marca un nuevo capítulo en el debate sobre la eutanasia en Argentina, que sigue siendo un tema delicado y divisivo en la sociedad.