En el marco de la reforma del Estado que lleva adelante Jorge Macri, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizó la apertura de retiros voluntarios para personal de planta permanente. La medida había sido anticipada por funcionarios porteños a fines de 2025 y apunta a reducir el plantel de trabajadores profesionales graduados de la carrera de Administración Pública del GCBA, con vigencia hasta el 31 de mayo de 2026. El objetivo es migrar al empleado público hacia perfiles tecnológicos.
Desarrollo del plan de retiros
Mientras ultiman los detalles del discurso que abrirá las sesiones este lunes en la Legislatura, el jefe de Gobierno porteño continúa adelante con el plan de revisión de las estructuras administrativas iniciado en 2024 y profundizado durante 2025. Hasta el momento, esta reforma ha implicado la supresión de más de 10.000 contratos de asesores y cargos políticos, junto con la eliminación de áreas, direcciones y secretarías, un achicamiento que resuena con los vientos libertarios que recorren el país.
El decreto 83, firmado por Macri, el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny, habilita la creación del Régimen de Retiro Voluntario que contempla el pago de una compensación no remunerativa, la cual se determinará en base a la remuneración neta mensual que perciba el trabajador al momento de su baja.
Fuentes del Gobierno aseguraron que el objetivo del plan de retiros es “ordenar el funcionamiento del Estado” y “optimizar la dotación” de trabajadores, adaptándose a los requerimientos actuales. Mientras se implementan los retiros, se buscará también incorporar perfiles de profesionales en áreas tecnológicas. “Es lo que necesitamos por el contexto y el tipo de Estado que aspiramos a crear”, afirmaron.
Requisitos para acceder al régimen de retiros
Según el texto oficial, podrán acceder al régimen empleados de la Carrera de Administración Pública del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, existen requisitos específicos: solo podrán anotarse aquellos que tengan 45 años o más, con un mínimo de cinco años de antigüedad y al menos un año como trabajadora o trabajador de planta permanente.
El monto que se percibirá por quienes adhieran se abonará “en cuotas mensuales y consecutivas” durante un máximo de 48 meses. Se excluirán conceptos como el Sueldo Anual Complementario y otro tipo de pagos no mensuales.
El régimen también establece restricciones. No podrán acceder aquellos trabajadores considerados como parte de “plantas críticas”. El gobierno porteño se reserva el derecho de rechazar solicitudes por razones de servicio, disciplina u otras causas justificadas.
Además, quienes cuenten con 65 años o más al 31 de diciembre de 2026 y cumplan con los requisitos para jubilarse quedarán excluidos del plan, junto con quienes tengan un sumario administrativo que amerite una potencial sanción expulsiva o hayan iniciado reclamos judiciales contra el GCBA.
El nuevo régimen aclara que en caso de que un trabajador acceda al beneficios jubilatorio mientras se encuentre acogido a este plan, se reducirá automáticamente el incentivo económico si el haber jubilatorio mensual es inferior al monto del incentivo fijado.
Quienes accedan al programa y alcancen los 65 años durante la percepción del incentivo seguirán recibiendo este, aunque por un período máximo de 12 meses, respetando el límite de 48 cuotas.
El régimen también implica un compromiso a no reingresar al GCBA durante al menos cinco años tras la desvinculación, limitando así la posibilidad de retorno a la administración pública porteña.
Contexto político y reformas en la administración pública
El Presupuesto 2026, aprobado en diciembre, se centra en los cambios dentro del Estado porteño. Se destaca que se automatizaron procesos, se reordenaron estructuras y se avanzó en la profesionalización del empleo público. No obstante, también se ha reducido la dotación de personal y se revisaron programas y fondos considerados “poco eficientes”.
Desde Uspallata, niegan que la medida se asemeje a una “motosierra” como se sugirió en el caso de Javier Milei. Aseguran que Macri opta por aplicar un “bisturí” sobre la administración porteña, recortando en áreas específicas para evitar un Estado “elefantiásico”. Esta reforma también responde al creciente apoyo de La Libertad Avanza en el distrito, que ha tomado fuerza en la legislatura, donde se han convertido en la segunda minoría.
En este sentido, la jefa del bloque de LLA de CABA, Pilar Ramírez, presentó el año pasado un proyecto para suprimir más áreas y privatizar empresas públicas de la ciudad, iniciativa que se espera retomar durante este año.