El acceso a servicios de salud y asistencia para personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires está a punto de experimentar un cambio significativo. El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) anunció la adopción del modelo del nomenclador nacional de discapacidad, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026. Esta medida busca ordenar y mejorar las prestaciones ofrecidas a sus afiliados, tras décadas de gestión con sistemas fragmentados.
La actualización del nomenclador y su importancia
Según el presidente de IOMA, Homero Giles, el nuevo esquema se basará en el nomenclador nacional y el sistema de categorización A, B y C. Este modelo es una referencia para la definición de códigos y valores en prestaciones de:
- Centros de día
- Hogares de asistencia
- Transporte adaptado
- Educación especial
Este cambio responde a un reclamo histórico de afiliados y prestadores, con el objetivo de eliminar la dependencia de convenios individuales, amparos y trámites de excepción.
Cómo funcionará el sistema de contratación
A partir de 2026, la contratación de prestadores de discapacidad se realizará siguiendo exclusivamente las categorías establecidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Para aquellos prestadores que aún no estén categorizados, IOMA implementará un mecanismo de acreditación propio, audito cada servicio conforme a los parámetros nacionales.
Beneficios para afiliados y prestadores
Este cambio promete varios beneficios:
- Establecer códigos y descripciones claras para cada tipo de prestación médica, terapéutica y asistencial.
- Facilitar una facturación más eficiente por parte de los prestadores.
- Reducir desigualdades entre proveedores al aplicar un sistema uniforme.
- Mejorar la organización interna de IOMA, con un fuerte entrenamiento de los equipos administrativos.
El proceso de implementación
El anuncio se realizó tras un encuentro con treinta entidades prestadoras y directivos de IOMA, marcando el inicio de un proceso considerado complejo por la obra social. Giles destacó que se trata de una adecuación inédita en 30 años, que requiere planificación y coordinación para asegurar que el sistema funcione de manera equitativa y eficiente.
El nuevo nomenclador representará un avance clave para el acceso a servicios de discapacidad en la provincia, alineando los procedimientos locales con estándares nacionales y garantizando mayor transparencia y eficacia en la atención a los afiliados.