Las industrias de la provincia de Buenos Aires están tomando medidas drásticas para afrontar lo que consideran una asfixia impositiva. Ante la falta de margen para mejorar su eficiencia, han comenzado a preparar acciones legales para judicializar tasas municipales y provinciales. “Nosotros también vamos a ir a la justicia”, afirmó un referente del cordón productivo bonaerense, reflejando el impacto negativo de recientes decisiones judiciales sobre la ley laboral.
El efecto “cascada” del impuesto sobre Ingresos Brutos
Las quejas por el impuesto sobre los Ingresos Brutos se suman al desafío que enfrentan, ya que este tributo está dejando fuera de competencia la fabricación nacional. En algunas jurisdicciones, se contabilizan siete tasas distintas que agravan la situación. Por ejemplo, un jean que se fabrica a un costo de $16.000 puede encarecerse hasta cinco veces en la cadena de comercialización.
Una empresa dedicada a la producción de bombas para extracción de litio resaltó que les resulta imposible competir con productos importados de China. Según comentaron, desmantelando su producto, descubrieron que contaban con 37 piezas gravadas por Ingresos Brutos. “Se creen que a los que trabajamos con el sector energético nos va bárbaro, pero el peso fiscal nos impide competir”, sostuvo una empresaria del sector.
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Proliferación de tasas y el impacto en el sector industrial
La política de ajuste a nivel nacional ha contribuido a la proliferación de tasas, tanto a nivel provincial como municipal. “Vamos a ir municipio por municipio”, advirtieron los empresarios, señalando a Pilar como uno de los distritos con hasta siete tasas municipales. Algunas de estas tasas se generan de manera arbitraria y sin contraprestación, provocando un creciente malestar en el sector industrial.
“Se cobra por cantidad de empleados o facturación, lo que dé más alto”, se quejó un industrial, quien añadió que este fenómeno ha llevado a algunas empresas como Kimberly-Clark y Procter & Gamble a abandonar el parque industrial del municipio.
El Cronista indagó sobre las tasas que se planean judicializar; sin embargo, fuentes consultadas afirmaron que no se trata de un proceso generalizado. “Depende de cada caso individual, de cada municipio y de cada empresa”, aclara un representante del sector.
Desde el ámbito legal-tributario, Diego Fraga, abogado, explicó que la esencia de una tasa debería estar relacionada con la prestación de un servicio concreto y individualizado. “El problema es que la Corte abrió una ‘caja de Pandora’, permitiendo a los municipios cobrar tasas basadas en ingresos brutos”, detalló. Esto genera un efecto conocido como “Ingresos Brutos dos”, donde las tasas no corresponden al servicio que se ofrece.
Caída de empleo y alternativas de diálogo
El último informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) reveló que se registran cinco meses consecutivos de caída de empleo. En octubre, se perdieron 8.075 puestos formales. Comparando los primeros trimestres de 2025 y 2023, la pobreza afectó a 13.419 puestos.
Este descenso se relaciona no solo con ajustes de personal, sino también con el cierre de empresas. Desde la UIPBA se señala que la tendencia es más notoria entre las micropymes que dependen de insumos, lo que ha encendido alertas sobre la necesidad de estrategias de alivio.
A pesar de las tensiones con el gobierno de Axel Kicillof, los industriales lograron reducir impuestos en dos actividades: cartón y cerveza. Esto fue parte de la Ley Impositiva 2026, que ajustó la alícuota de Ingresos Brutos para estas actividades.
Además de judicializar tasas, la UIPBA está formulando una propuesta para reducir gradualmente la alícuota de Ingresos Brutos sin poner en riesgo la recaudación provincial. “En las próximas semanas se va a delinear. Creemos que se va a analizar la propuesta y eventualmente se trabajará en conjunto”, indicó una fuente en estricto off the record.
Un estudio de la UIPBA enfatiza que mientras la alícuota legal de Ingresos Brutos es del 1,5%, la presión tributaria efectiva sobre el sector industrial alcanza el 4,7%, superando a provincias como Santa Fe y Córdoba.
Esto evidencia la discrepancia entre la carga legal y la real, ya que el impuesto se acumula en cada etapa de la cadena productiva, impactando especialmente en la industria que requiere procesos más prolongados de elaboración.
No obstante, el problema no solo se reduce a la acumulación en cascada; además, en Buenos Aires hay más etapas de producción y un menor peso de las exportaciones, limitando el alivio impositivo que pueden generar las ventas externas.
