Este viernes, Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, será indagado en el marco de la causa judicial que investiga la distribución de fentanilo contaminado, vinculada a la muerte de al menos 96 personas. La indagatoria se llevará a cabo en los tribunales federales de La Plata, donde también están citados otros implicados. Entre ellos se encuentran familiares directos del empresario y responsables operativos de los laboratorios involucrados.
Detalles de la Detención
Furfaro fue detenido el día de ayer, tras entregarse a la Justicia. La orden de detención se emitió luego de que se conocieran resultados de pericias clave. Un informe del Cuerpo Médico Forense indicó que el fentanilo, lote 31202, influyó en las muertes de los pacientes como “nexo concausal”. Además, una pericia del Instituto Malbrán sobre la línea de producción del laboratorio Ramallo apuntó a que la tragedia fue evitable.
Implicados en la Causa
Aparte de Furfaro, también fueron detenidos Diego y Damián García Furfaro, hermanos del empresario, y otros directivos de HLB y Laboratorios Ramallo. Entre ellos, se encuentra Nilda Furfaro, madre de los García y vicepresidenta de HLB, así como Javier Tchukran, director general. Las detenciones resaltan el nervio empresarial detrás de la producción y distribución del fentanilo contaminado.
Pericias y Análisis
Aunque los detalles de la pericia del Instituto Malbrán aún se mantienen en reserva, el comunicado de la fiscalía N° 1 de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, indica que el documento ha sido contundente. Las anomalías en el laboratorio fueron consideradas graves y las fallas en los procesos de producción decisivas. Estas deficiencias permitieron que los lotes contaminados llegaran al mercado, exponiendo a miles de pacientes a un riesgo sanitario inminente.
Evaluación Judicial
La situación ha llevado a que el juez federal Ernesto Kreplak le tome declaración y le informe sobre la imputación en su contra. Podría enfrentar un procesamiento por homicidio culposo o doloso, dadas las implicaciones letales de su producto. La fiscal Roteta caracterizó el caso como uno de “criminalidad compleja” que implica un elevado número de víctimas y un conglomerado empresarial organizado, lo que podría tener repercusiones significativas en el sector farmacéutico.