Gremios docentes universitarios han denunciado que el gobierno de Javier Milei les impuso el mismo aumento que a los trabajadores del Estado, lo que se encuentra por debajo de la inflación. Los trabajadores de las universidades argumentan que la paritaria de su sector se halla “suspendida” de manera “ilegal” y han anunciado su intención de retomar el plan de lucha.
Docentes denuncian paritaria suspendida
Según informaron a través de sus redes sociales desde el gremio de Federación Nacional de Docentes Universitarios (FEDUBA), los docentes universitarios recibieron el Instructivo de Liquidación de los Salarios con la “novedad” de que el Gobierno Nacional decidió aplicar la paritaria estatal. Esta establece un incremento salarial del 2% y un bono de $12.500 para los cargos simples, $25.000 para los semi exclusivos y $50.000 para los cargos exclusivos.
Desde FEDUBA manifestaron: “Un primer análisis indica que es un incremento por debajo de la inflación, que consolida la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios.”
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Los trabajadores también observaron “la voluntad del gobierno de mantener suspendida de forma arbitraria e ilegal, la paritaria universitaria.” Ante esta situación, anunciaron que reanudarán el plan de lucha en defensa de la universidad pública.
El comunicado de FEDUBA concluyó afirmando: “La solución es simple: el Gobierno debe dar cumplimiento del fallo de la justicia que ordena la implementación de la ley de Financiamiento Universitario.”
Por su parte, Federico Montero, secretario de Organización de CONADU, expresó que “después de dos años de lucha, habiendo generado masivas movilizaciones y con una ley de financiamiento vigente, decimos que hay una solución que es muy simple: el gobierno debe acatar el fallo que lo obliga a cumplir con la ley de financiamiento.”
Montero añadió: “En las actuales condiciones, vamos a proponer a la CONADU, en el marco del Frente Sindical, la continuidad del Plan de Lucha a comienzos del año lectivo.”
Extensión de la prohibición de contratación en el Estado
El presidente Javier Milei dictó la extensión de la prohibición de contratación de personal en la administración pública para 2026, lo que consolida el ajuste en el Estado tras el despido de más de 60.000 trabajadores estatales en los últimos dos años.
Esto fue confirmado mediante el Decreto 934/2025, que mantiene y endurece las restricciones para designaciones y contrataciones en el Sector Público Nacional durante este nuevo año. La norma rige desde el 1° de enero de 2026 y deroga el decreto anterior (1148/2024).
El decreto se aplica tanto a las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, como a entes no empresariales con manejo autárquico. Sin embargo, no abarca a las empresas estatales, aunque estas pueden optar por adherirse.
La prohibición incluye varias modalidades:
Plantas transitorias (designaciones a término).
Contratos del artículo 9 de la Ley 25.164 (empleo público).
Contrataciones bajo la Ley de Contrato de Trabajo (indeterminado, plazo fijo, parcial, eventual).
Servicios profesionales autónomos (Decreto 1109/2017).
Designaciones transitorias en cargos simples de planta permanente.
Contrataciones “con o sin relación de dependencia” bajo cualquier modalidad, incluso con financiamiento no presupuestario.
