La postergación de la paritaria prevista para diciembre ha intensificado la incertidumbre entre docentes, estatales y judiciales bonaerenses, quienes exigen definiciones urgentes sobre la recomposición salarial. Mientras el Gobierno provincial atribuye la demora a la “asfixia financiera” provocada por el Ejecutivo nacional, los sindicatos insisten en la necesidad inmediata de retomar la negociación.
La relación entre los gremios estatales y el gobernador Axel Kicillof atraviesa momentos complejos. El atraso salarial, la sostenida pérdida del poder adquisitivo y la ausencia de anuncios concretos sobre aumentos han encendido las alarmas en los sectores que representan a trabajadores de la administración pública, la educación, la salud y el Poder Judicial.
En este contexto, algunos dirigentes sindicales enfocan sus cuestionamientos en las políticas del Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, mientras que otros advierten que la paciencia comienza a agotarse, endureciendo su discurso.
Desde el entorno del mandatario bonaerense, se reitera que el escenario económico está fuertemente condicionado por la falta de recursos y el recorte de fondos nacionales. Sin embargo, la incertidumbre se agudiza ante la falta de un aumento salarial que permita recomponer ingresos deteriorados por la inflación.
En este marco, el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) exigió de manera formal al Gobierno de la provincia de Buenos Aires la reapertura urgente de la mesa paritaria salarial para los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430.
No al cierre de 2025
El pedido fue formalizado a través de una carta presentada ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, dirigida al director provincial de Negotiación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo, y firmada por el secretario gremial de UPCN Provincia, Juan Pablo Martín.
En el escrito, el sindicato solicita que se arbitren “los medios necesarios para convocar de manera urgente a la reapertura de la mesa paritaria salarial”, y advierte que la organización no da por cerrada la pauta correspondiente al año 2025.
Según se detalla en la nota, las dificultades generadas por el tratamiento del paquete de leyes fiscales enviado a la Legislatura a fines del año pasado postergaron una discusión que el gremio considera “tan necesaria”, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.