La reciente decisión del Gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad ha desatado una fuerte controversia entre los trabajadores viales y las autoridades gubernamentales. La secretaria general del gremio de trabajadores viales, Graciela Aleñá, ha expresado su preocupación por las implicaciones que esta medida tendrá sobre la infraestructura vial y la seguridad en las rutas del país.
Críticas a la Disolución de Vialidad
Aleñá ha criticado severamente la decisión del Gobierno, asegurando que la disolución dejará a más de 5.500 trabajadores sin empleo y afectará 118 rutas nacionales, lo que resultará en 40,000 kilómetros de caminos sin mantenimiento. “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza”, sostuvo, añadiendo que los responsables de esta situación son el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Sturzenegger, a quienes acusó de promover un "genocidio en las rutas".
Justificación del Gobierno
El decreto que establece el traspaso de funciones de Vialidad al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte fue anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni. El Gobierno argumenta que la medida responde a una “estructura onerosa” y a la falta de eficiencia del organismo. Sin embargo, esto ha sido rápidamente desmentido por el sindicato.
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Funciones Esenciales de Vialidad
Desde el gremio se defiende la labor de Vialidad, resaltando su papel en tareas estratégicas como el bacheo, la repavimentación, la señalización y el control de peso de vehículos. Aleñá ha señalado que el verdadero problema radica en el “desfinanciamiento deliberado” de la entidad y la tendencia hacia una privatización encubierta, lo que pone en riesgo la planificación técnica orientada a las necesidades reales de conectividad.
Implicaciones para el Control Parlamentario
La sindicalista también alertó sobre cómo el traspaso a otras entidades “desdibuja el control parlamentario”, comprometiendo derechos laborales y la soberanía sobre la infraestructura vial. “La inversión se orienta por criterios de rentabilidad y no por las necesidades de conectividad”, enfatizó.
Llamado a la Acción
Por último, Aleñá instó a gobernadores y a diversas fuerzas políticas para que rechacen el decreto y eviten lo que considera un “desguace del Estado” en áreas fundamentales como el transporte y la seguridad vial. Esta situación continúa generando un amplio debate sobre el futuro de la infraestructura en Argentina y el bienestar de sus trabajadores.
