Este viernes, el Gobierno argentino y las empresas de gas llegaron a un acuerdo que permite levantar las restricciones de suministro a las industrias y estaciones de GNC que cuentan con contratos firmes. A pesar de este avance, las limitaciones persisten para aquellas con contratos interrumpibles. Esta decisión se tomó tras una reunión matutina en la que se evaluó el estado actual del sistema de gas en el país.
¿Cómo se recuperó el sistema de gas en Argentina?
El Comité Ejecutivo de Emergencia, que incluye a la Secretaría de Energía, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), anunció que el sistema de gas ya no está en emergencia. Se informó que las presiones en gasoductos y estaciones de regulación se han normalizado.
Durante esta semana, el abastecimiento de gas natural se vio comprometido en casi todo el país debido a una ola de frío. Las restricciones fueron más severas en localidades como Mar del Plata, donde el servicio se ha restablecido prácticamente por completo, según la distribuidora Camuzzi.
Prioridades en el suministro durante la crisis
Ante la falta de gas, las prioridades para el suministro son claras:
- Centrales termoeléctricas recurren a combustibles alternativos como gasoil o fuel oil.
- Se restringe el suministro a estaciones de GNC e industrias con contratos interrumpibles.
- Se aplican cortes a GNC e industrias con contratos firmes.
- Finalmente, se restringen las exportaciones.
Unificación de entes reguladores: ¿qué implica?
En paralelo a la recuperación del sistema, el Gobierno ha elaborado un borrador de decreto que propone unificar los entes reguladores del gas y la electricidad. Este nuevo organismo dependerá de la Secretaría de Energía y deberá comenzar a operar en un plazo de 180 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
El futuro Ente Regulador del Gas y la Electricidad operará con independencia funcional y presupuestaria, siendo dirigido por un directorio de cinco miembros, que serán designados por el Poder Ejecutivo y requerirán la aprobación del Congreso. Esta medida implica un cambio significativo en la regulación y supervisión de los sectores energético y eléctrico en el país.