El Gobierno argentino ha tomado la decisión de suspender el tradicional desfile militar del 9 de julio, evento que simbólicamente celebra la independencia del país. La razón oficial presentada es "razones presupuestarias", lo que ha suscitado diversas reacciones tanto en el ámbito militar como civil. Hasta el momento, ninguna de las Fuerzas Armadas ha recibido instrucciones para participar en el evento.
Falta de presupuesto y preocupaciones internas
El pasado desfile, celebrado en 2024, mostró un despliegue impresionante de 9.900 efectivos, 62 aviones y 79 vehículos de combate, con la presencia del entonces presidente Javier Milei. Este año, sin embargo, las estimaciones de costos para un evento similar se acercan a $987 millones, cifra que, según fuentes del Ministerio de Defensa, aún no se ha confirmado oficialmente.
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El presupuesto asignado en 2024 para este tipo de celebraciones superó los $720 millones, equivalente a aproximadamente US$720.000. Además, las tropas enfrentan un clima de tensión interno, reclamando mejoras salariales y equidad con otras fuerzas de seguridad. En paralelo, la obra social de las Fuerzas Armadas, IOSFA, acumula una deuda de aproximadamente $160.000 millones, lo que ha llevado a la suspensión de diversos servicios.
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Un evento con historia de suspensiones
La parada cívico-militar ha sido objeto de suspensiones en diversas ocasiones. Durante la presidencia de Mauricio Macri, el desfile fue cancelado en 2018, aunque se reanudó en 2019. Su sucesor, Alberto Fernández, también optó por no llevar a cabo el evento durante su mandato. En contraste, Milei reintrodujo el desfile en 2024, ahora optando nuevamente por su suspensión.
Esta situación contrasta con la práctica de otros países como Estados Unidos, Rusia y España, que continúan con grandes desfiles militares. Argentina, en cambio, ha decidido recortar gastos y no exponer a sus fuerzas armadas a un evento sin resolver sus exigencias internas.
La reacción de la comunidad militar y civil
La decisión de cancelar el desfile ha generado descontento en las filas militares. Las demandas salariales y de equiparación se han intensificado, mientras los uniformados buscan respuestas concretas ante la crisis financiera que afecta a sus instituciones.
La suspensión ha sensibilizado a la opinión pública respecto a la situación de las Fuerzas Armadas en el país. Varios sectores de la comunidad civil y militar comienzan a expresar su malestar, lo que podría interpretarse como un reflejo de los desafíos que enfrenta actualmente el Gobierno en la gestión de sus recursos y el compromiso que mantiene con sus fuerzas armadas.
