El Gobierno Nacional ha anunciado la suspensión de 110.592 pensiones por invalidez laboral, tras auditorías realizadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, estas pensiones habían sido otorgadas de manera indebida en administraciones anteriores. La medida busca abordar un problema de corrupción que, de acuerdo con las autoridades, se ha extendido a lo largo de varios años.
Auditorías y Suspensiones
La reciente acción del gobierno incluye no solo la suspensión de pensiones, sino también la baja de 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y 10.038 más que fueron renunciadas por sus beneficiarios. Adorni detalló que muchos de los casos encontrados son preocupantes, mencionando situaciones en las que individuos presentaron la misma radiografía o ecocardiograma como base para múltiples solicitudes.
Casos de Corrupción
Durante su declaración, Adorni hizo referencia a un sistema fraudulento que, según el gobierno, comenzó durante la gestión de Néstor Kirchner. El vocero reveló que se encontraron casos como el de la provincia de Chaco, donde una única radiografía se utilizó para justificar 150 pensiones por invalidez.
Magnitud del Problema
El funcionario subrayó que se estima que el desvío de fondos en Andis asciende a aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales. También mencionó que, entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas pasó de 79.000 a 1.045.000, y tras un leve descenso en la siguiente administración, se incrementó nuevamente a 1.222.000 en diciembre de 2023.
Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio para limpiar el sistema y asegurar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.