A través de los Decretos N°759/2025 y N°760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo ha decidido posponer la aplicación de dos leyes ratificadas por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, a pesar del veto del presidente Javier Milei. La posposición responde a la necesidad de evaluar el impacto fiscal de las nuevas legislaciones.
Condiciones para la aplicación de las leyes
Ambos decretos establecen que la promulgación de las leyes se realizará "sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629". Este artículo indica que toda ley que autorice gastos deberá prever explícitamente el financiamiento correspondiente. En caso de que no se incluyan las partidas necesarias en el presupuesto nacional, la ejecución de estas leyes quedará suspendida.
Detalles sobre las leyes aprobadas
La Ley de Financiamiento Universitario tiene como objetivo "garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en Argentina". Esta legislación incluye la actualización automática de los gastos de financiamiento, basada en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
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Además, la ley estipula que la Auditoría General de la Nación (AGN) deberá llevar a cabo un control sobre las universidades y presentar informes al Congreso. También establece que el Poder Ejecutivo "dispondrá los créditos presupuestarios" necesarios para asegurar el funcionamiento de las universidades, actualizando el presupuesto al 1º de enero de 2025.
Por otro lado, la Ley de Emergencia Sanitaria para la Salud Pediátrica incluye la priorización de recursos presupuestarios para insumos críticos, salarios del personal de salud y garantías para el Hospital Garrahan, que será considerado un centro de referencia nacional en atención pediátrica.
Recursos y seguimiento
La ley de emergencia también prevé la creación de una comisión de seguimiento y evaluación que entregará informes trimestrales. Esta comisión estará conformada por miembros de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, del Senado, y representantes del Ministerio de Salud de la Nación y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).
Los programas de salud infantil y adolescente recibirán prioridad en la asignación presupuestaria durante el período de emergencia, abarcando servicios de urgencia, internación, trasplantes y cirugías cardíacas.
