En un nuevo giro en la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero, el presidente Javier Milei firmó el DNU 340/2025 este miércoles. La medida, que se presenta bajo la justificación de "reordenar la marina mercante", es vista como un ataque al derecho constitucional a huelga, generando una ola de críticas desde diversos sectores.
Modificaciones a las Actividades Esenciales
El DNU amplía considerablemente el listado de actividades que se consideran "esenciales" y "de importancia trascendental". En caso de huelgas, los trabajadores de estas áreas deberán mantener un 75% de prestaciones mínimas en actividades esenciales y 50% en aquellas de importancia trascendental.
Entre las actividades que no podrán paralizarse se encuentran: salud, educación, transporte, producción industrial, telecomunicaciones, bancos, minería, servicios aduaneros y comercio electrónico. Esta inclusión plantea un interrogante sobre el alcance del término "esencial", que ya ha suscitado críticas.
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Reacciones y Críticas
El abogado laboralista Matías Cremonte alertó sobre el carácter ambiguo del criterio utilizado, sugiriendo que cualquier actividad podría ser calificada como esencial. El decreto también establece una nueva Comisión de Garantías, que podrá determinar nuevas actividades esenciales a un criterio del Gobierno, lo que genera inquietud entre los trabajadores.
Desde la CGT, la central obrera, se anticipa a judicializar la medida nuevamente. Su estrategia incluye la presentación de un amparo urgente, replicando el éxito anterior contra el DNU 70/23, que fue declarado inconstitucional. La CGT denuncia que esta acción es un intento de Milei de "blindarse" legalmente para acallar la protesta social y disciplinar a los gremios.
Contexto de Tensión
Este nuevo decreto se contextualiza en un ambiente de creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos, que no descartan la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en respuesta a estas restricciones. A su vez, el Gobierno parece acelerar su agenda liberal, con la intención explícita de desmantelar el poder de negociación de los trabajadores, aumentando así la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones laborales en Argentina.
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