El Gobierno argentino ha implementado una nueva reforma migratoria que introduce cambios significativos en los requisitos para el ingreso, la residencia y el acceso a servicios públicos por parte de extranjeros. Esta medida se formalizó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete. La iniciativa ha generado controversia, con críticas de organismos de derechos humanos y sectores de la oposición.
Nuevos Requisitos para Extranjeros
El decreto establece que las personas extranjeras sin residencia permanente deberán contar con un seguro médico para acceder al sistema público de salud; de lo contrario, deberán pagar sus tratamientos. La única excepción será en situaciones de emergencia, aunque los centros de salud podrán reclamar posteriormente los costos al país de origen del paciente.
Cambios en el Acceso a la Educación
Respecto a la educación, se garantiza el acceso a la escuela en los niveles inicial, primario y secundario. Sin embargo, los establecimientos educativos deberán reportar la situación migratoria de cada familia y ofrecer asesoramiento para regularizar su estatus. En el nivel superior, se establecen posibilidades de requisitos adicionales aún no definidos.
Modificaciones en la Legislación Migratoria
El DNU redefine las categorías migratorias y limita el uso de la residencia precaria, que ahora durará únicamente 90 días. Además, amplía las causales de expulsión y permite el rechazo inmediato en frontera si los requisitos formales no son cumplidos, así como en casos de antecedentes penales, incluso sin condena.
Proceso de Deportación Acelerado
Uno de los aspectos más controversiales es la posibilidad de acelerar los procesos de deportación desde el momento en que una persona sea notificada, aun sin una resolución firme. Esto podría restringir las opciones de defensa para los afectados. Asimismo, se penaliza el ingreso irregular y la facilitación del cruce ilegal con fines de lucro.
Régimen Exprés de Ciudadanía
Paralelamente, la reforma incorpora un régimen exprés de ciudadanía para extranjeros que realicen inversiones en el país. Aunque no se especificaron montos, el objetivo es atraer capitales de alto poder adquisitivo. Este enfoque ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, que sostienen que la reforma vulnera derechos básicos y tratados internacionales firmados por Argentina.