El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N.º 494/2025, emitido por el Gobierno Nacional, ha generado una fuerte reacción en el ámbito legislativo respecto a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La medida, que autoriza la venta del 90% de las acciones de la empresa estatal, ha sido calificada como una amenaza a un servicio esencial y a los acuerdos que garantizan la mayoría estatal en su gestión.
Reacción del Congreso
El bloque de Unión por la Patria (UxP) presentó un proyecto de declaración en contra del DNU, argumentando que su implementación representa una vulneración de acuerdos vigentes. Las diputadas Sabrina Selva y Victoria Tolosa Paz, junto al presidente del bloque, Germán Martínez, y más de una veintena de legisladores, enfatizan que la medida debilita el control público sobre este servicio vital.
Implicaciones del DNU
Según los críticos, el DNU no solo modifica el marco legal existente sino que también desmantela disposiciones del Decreto 304/2006, que aseguraban la mayoría estatal y la intransferibilidad de las acciones de AySA. El proyecto de UxP destaca que esta decisión podría facilitar la transferencia de la empresa a intereses extranjeros y que no se justifica en base a ninguna “circunstancia excepcional” que respalde el uso del DNU.
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Preocupaciones sobre el servicio
Los legisladores advierten que la privatización podría desencadenar cortes por falta de pago y afectar la previsibilidad tarifaria, comprometiendo así el principio de tarifas justas consagrado en la Constitución Nacional. Además, aseguran que se revocaría el Convenio Tripartito entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previamente ratificado por la Ley 26.221.
Criticas y argumentos en contra
El bloque UxP ha calificado el DNU como un “fraude a la ley suprema”, señalando la falta de argumentos sobre cómo la privatización mejoraría el servicio de agua y saneamiento. En cambio, los motivos aparentes giran en torno a la necesidad financiera del Estado y un alineamiento con intereses de privatización, sin el adecuado debate parlamentario.
La discusión sobre los servicios públicos continúa siendo un tema crítico en la agenda nacional, a medida que se desarrollan las reacciones en ambas cámaras del Congreso.
