Agostina Páez, una abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso de racismo. La joven, quien ahora usa tobillera electrónica, no tiene acceso a su pasaporte y no puede regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha reclamado la intervención de la Cancillería Argentina.
Solicitud de intervención consular por parte de la Fundación Apolo
De acuerdo con el informe de la Fundación Apolo, la imputación contra Páez es desproporcionada, considerando que no existe una condena firme por el cargo de injuria racial. Este episodio tuvo lugar durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
La detención de la abogada ocurrió en un bar del barrio de Ipanema tras un desacuerdo sobre el cobro de una cuenta, donde se le acusa de realizar gestos considerados ofensivos.
Como consecuencia de este incidente, además de la retención de su pasaporte, se le ha impuesto un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide abandonar el país mientras avanza la causa en su contra.
Cuestionamientos a las medidas adoptadas por la justicia brasileña
El reclamo presentado batiza que la respuesta del sistema penal brasileño no cumple con los estándares internacionales en derechos humanos. La fundación argumenta que la medida restrictiva fue adoptada sin tomar en cuenta alternativas menos severas y sin considerar la condición de mujer extranjera de la acusada.
También se destacó la existencia de registros fílmicos previos al momento de la reacción de Páez, en los cuales se observa a un empleado del bar realizando gestos obscenos hacia ella y su acompañante, un hecho que podría no haber sido debidamente ponderado por las autoridades.
En este sentido, se sostiene que Páez fue víctima de un intento de cobro ilegal y burlas de carácter sexual, y que su posterior reacción fue descontextualizada, planteando así una inversión en los roles de víctima y victimaria.
Reclamo diplomático y protección de derechos humanos
La Fundación Apolo, dirigida por el exlegislador Yamil Santoro, hizo alusión a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y a la Ley 20.957 del Servicio Exterior. En su escrito, subrayaron que la Cancillería Argentina está habilitada para actuar ante una persecución penal que no se ajuste a criterios de razonabilidad o debido proceso.
El documento también menciona la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normativas internacionales que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres bajo condiciones de violencia o asimetría.
Finalmente, la fundación cuestionó el uso que las fuerzas de seguridad brasileñas han hecho del caso, argumentando que la difusión de imágenes y mensajes a través de redes sociales busca imponer una lógica de “mano dura” poco acorde con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro avanza en la causa, la cual ha cobrado más complejidad. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de otra implicada, argumentando que “extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido” y señalando que su conducta fue “discriminatoria y ofensiva”.