En un contexto de creciente tensión entre organizaciones sociales y el Gobierno Nacional, la Justicia Federal ha emitido una medida que afecta a miles de personas con discapacidad en Argentina. Esta resolución no solo restablece beneficios suspendidos, sino que también obliga a reintegrar los montos no cobrados durante los meses de baja.
El fallo judicial alcanza a todo el país
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca, bajo la dirección del juez Guillermo Díaz Martínez, ha dictado una resolución que ordena al Gobierno Nacional restablecer todas las pensiones por discapacidad dadas de baja desde 2024 y restituir los haberes correspondientes. Este fallo extiende a nivel nacional una medida cautelar que se implementó parcialmente en septiembre, resultado de un amparo colectivo presentado por diversas organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad.
Según lo estipulado, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deberá:
- Restablecer en un plazo máximo de 24 horas las pensiones suspendidas.
- Pagar los haberes correspondientes a los beneficiarios afectados en todo el país.
- Abstenerse de realizar nuevas auditorías o suspensiones hasta que haya una sentencia definitiva.
Esta medida judicial frena la ejecución del Decreto 843/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que había habilitado auditorías masivas y la suspensión de pensiones no contributivas por incapacidad laboral.
Las organizaciones que impulsaron el amparo
El amparo fue presentado por diferentes organizaciones y referentes en el ámbito de la discapacidad, incluyendo:
- Asociación Azul.
- Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
- Personas afectadas de varias provincias, respaldadas por la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
Estas entidades argumentaron que la suspensión masiva de pensiones vulneraba derechos fundamentales, dejando a miles sin cobertura económica ni acceso a medicamentos y prestaciones esenciales.
Manifestación frente a la sede de la ANDIS
Paralelamente al fallo judicial, se llevó a cabo una manifestación frente a la sede de la ANDIS, en oposición al veto presidencial de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las protestas contaron con la participación de personas con discapacidad, familiares, prestadores y representantes del sector, quienes reclamaron:
- La restitución inmediata de las pensiones dadas de baja.
- La provisión de medicamentos y tratamientos suspendidos.
- La actualización de los nomencladores, utilizados para determinar los valores de las prestaciones.
Los manifestantes buscaron una reunión con el nuevo interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, quien asumió tras la renuncia de Diego Spagnuolo en un contexto de escándalos por presuntas coimas. Sin embargo, Vilches no los recibió ni aceptó su petitorio, lo que resultó en momentos de tensión y en la entrada forzada de algunos manifestantes al edificio.
Impacto de la medida en los beneficiarios
Este fallo representa un alivio inmediato para miles de titulares de pensiones no contributivas por incapacidad laboral, quienes habían denunciado la interrupción del pago de haberes y la pérdida de beneficios relacionados. Con la orden judicial, se garantiza que la ANDIS restituya los pagos retenidos y se abstenga de aplicar nuevas suspensiones, asegurando la continuidad del cobro mientras se espera una resolución definitiva del caso.