Expectativa por paritaria en La Plata: el futuro salarial de los estatales en juego

Este lunes 2 de febrero, la administración pública bonaerense amanece con la mirada puesta en el bolsillo. Tras la confirmación de los decretos que otorgan un incremento del 2% sobre los básicos de enero y el pago de una suma fija de $50.000, el clima en las dependencias estatales es de una tensa espera. El motivo: la convocatoria oficial para el próximo jueves 5 de febrero.

Los gremios esperan un aumento superior al 4,5%

Los gremios que nuclean a los trabajadores de la ley 10.430, docentes y personal de salud, llegan a la mesa de negociación con una premisa clara: el 4,5% acumulado desde el cierre de 2025 es una cifra que ha quedado rezagada. El objetivo para la reunión del jueves será pactar un incremento que no solo cubra el desfasaje de enero, sino que establezca una cláusula de revisión mensual para evitar que el salario pierda frente a las góndolas.

Reacciones de las fuerzas de seguridad ante el bono

Un sector que sigue con especial atención estos movimientos es el de las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Históricamente, los aumentos para estos escalafones se definen por decreto en espejo a lo que acuerdan los gremios civiles.

La gran duda de los agentes para esta semana es la naturaleza del bono de $50.000. Si bien el ingreso extra es bienvenido, el reclamo histórico persiste: la necesidad de que estos montos se incorporen al sueldo básico para que tengan impacto real en el aguinaldo y, sobre todo, en los haberes de los jubilados del sector.

Expectativas para febrero y marzo

El resultado del encuentro del 5 de febrero definirá el humor social en las bases estatales para el resto del trimestre. Se espera que el Gobierno Provincial presente una propuesta que incluya nuevos tramos de aumento para febrero y marzo.

Desde «El Censor», seguiremos de cerca el minuto a minuto de esta negociación, ya que de ella depende no solo la economía de miles de familias bonaerenses, sino también la estabilidad de los servicios esenciales que prestan los trabajadores del Estado en nuestra comunidad.

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