Mientras enfrenta la tormenta provocada por la filtración de audios que lo involucran en el cobro de presuntas coimas, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, se encuentra en el centro de una nueva denuncia. Esta denuncia apunta a su presunta circulación de prácticas irregulares en la gestión y otorgamiento de pensiones para personas con discapacidad, incluyendo el delito de abuso de autoridad.
Denuncia ante la Justicia Federal
La denuncia fue presentada el lunes por el abogado Pablo Olmos ante la Justicia Federal de Córdoba, quedando a cargo de la Fiscalía Federal N° 1, dirigida por Enrique Senestrari. Este es un hecho notable, dado que se trata de la primera presentación relacionada con los criterios de la Andis para la concesión o revocación de pensiones en los tribunales locales.
Prácticas Irregulares en Andis
El letrado Olmos denunció que la dirección de la Andis habría orquestado un "aparato dirigido a rechazar sistemáticamente todas las pensiones por discapacidad". En su presentación, destacó las múltiples modificaciones normativas que afectaron el sistema de evaluación de la invalidez laboral, incluyendo un cambio significativo en el “Baremo” en enero, que luego fue derogado en mayo, dejando sin efecto las nuevas regulaciones.
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Auditorías y Notificaciones Deficientes
Pese a estos antecedentes, la Andis dio inicio a auditorías médicas sobre beneficios ya otorgados, una acción que, según Olmos, se realizó sin un marco legal adecuado. La falta de notificaciones fehacientes a los beneficiarios para evaluar sus pensiones resultó en que muchos no se enteraran de las revisiones, especialmente en áreas rurales.
Olmos indicó que "la gente hacía colas por días enteros" para saber si la Andis había enviado alguna notificación, sugiriendo una gestión deficiente en la comunicación con los beneficiarios. Esta situación fue considerada como parte de un "armado sistemático" para dar de baja pensiones de manera masiva.
Impacto de la Filtración de Audios
La controversia en torno a Spagnuolo se intensificó tras la aparición de los audios, lo que llevó a su destitución y a una intervención del organismo por parte del Gobierno. En los audios, se mencionan vínculos con altas figuras del entorno presidencial, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su colaborador Eduardo “Lule” Menem.
El revuelo generado por las filtraciones ha llevado al Gobierno a revisar los procedimientos asociados con la baja de más de 111 mil pensiones por invalidez laboral, encontrando errores en el proceso de suspensión de beneficios, lo que podría tener consecuencias significativas para quienes dependen de estas pensiones.
