Un insólito error administrativo por parte del Gobierno de San Luis ha generado un importante conflicto judicial para Verónica Alejandra Acosta y cinco de sus familiares en Villa Mercedes. Aunque Acosta esperaba recibir una transferencia de apenas $8.000 por concepto de alimentos, su cuenta bancaria recibió, por error, más de 500 millones de pesos, lo que ha desatado una serie de complicaciones legales.
Un Error Que Cambió Todo
De acuerdo con el testimonio de Acosta y su abogado, la suma depositada fue de 510 millones de pesos, aunque otros reportes mencionan hasta 540 millones. Este giro inesperado, resultado de un fallo de un contador del Gobierno, ha llevado a la imputación judicial de Acosta y sus allegados por delitos de defraudación, retención indebida y fraude a la administración pública.
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Para evitar su detención, el tribunal impuso una fianza de 30 millones de pesos a cada uno de los involucrados, totalizando 180 millones de pesos, con un plazo de apenas tres días hábiles para su pago. La defensa ha calificado esta medida como “exorbitante e imposible de cumplir” y ya se ha presentado una apelación.
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Una Historia de Malentendidos
Al ver la cifra monumental en su cuenta, Verónica Acosta inicialmente pensó que se trataba de $500.000, no de millones. Ante necesidades urgentes, comenzó a utilizar el dinero para comprar alimentos, electrodomésticos, y materiales para finalizar su vivienda, que carecía de piso. También realizó varias transferencias a familiares, sumando un total de 66 movimientos bancarios, aunque Acosta aclara que eran repetidos hacia los mismos destinatarios, la mayoría por $500.000.
Acosta enfatizó que no recibió ninguna notificación sobre el error ni la obligación de devolver el dinero, lo que complicó aún más la situación.
Defensa y Críticas al Sistema Judicial
El abogado defensor de Acosta afirmó que sus clientes “no son delincuentes ni una red de estafadores”, describiéndolos como “personas humildes, sin antecedentes y con domicilio fijo”. Criticó la actuación judicial, sugiriendo que se intenta penalizar a quienes fueron víctimas de un error estatal.
Asimismo, destacó que la fianza impuesta es inalcanzable para cualquier ciudadano común y comparó el trato recibido con los privilegios judiciales que suelen gozar figuras de mayor poder económico o político. “A ellos los tratan como criminales, cuando el error no fue suyo”, agregó.
Mientras se aguarda una resolución sobre la apelación, las familias afectadas, que incluyen menores y personas con discapacidad, enfrentan la incertidumbre de poder ir a prisión. “Solo queríamos resolver necesidades urgentes. No sabíamos que esa plata era del Gobierno”, expresó Acosta, quienes se sienten injustamente etiquetados como ladrones debido a una situación que escapa a su control.
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