En un giro significativo en el ámbito legislativo argentino, el Senado ha decidido dejar sin efecto el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece la emergencia en discapacidad. Esta aprobación implica que el Poder Ejecutivo ahora está obligado a promulgar la norma, marcando un hito en la historia política del país.
Detalles de la Votación
La votación se culminó con 63 votos a favor y 7 en contra, reflejando el apoyo de los bloques más importantes del Congreso, incluidos el interbloque peronista, la UCR, el PRO y varios bloques provinciales. En contraste, el gobierno solo logró el respaldo de la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, y de Francisco Paoltroni, quien optó por alinearse nuevamente con la Casa Rosada.
Contexto Histórico
Este rechazo al veto presidencial es un acontecimiento poco frecuente en la política argentina. No ocurría desde el 12 de marzo de 2003, durante la gestión de transición de Eduardo Duhalde, que tomó el poder tras la crisis de 2001 y la renuncia de Fernando de la Rúa.
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Implicaciones de la Nueva Ley
La ley ratificada establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderla un año adicional. Se prevé una actualización de las prestaciones para compensar la inflación acumulada desde 2023.
El impacto fiscal del proyecto variará entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, dependiendo del número de nuevas altas que se registren hasta 2026.
Beneficios Clave
Uno de los elementos más relevantes de la norma es que las 200 mil pensiones por invalidez se ajustarán para equivaler al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, aquellos beneficiarios podrán trabajar siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.
La ley también estipula la necesidad de cancelar la deuda con los prestadores y de ajustar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, en función de los índices de inflación del INDEC.
