El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca ha tomado una decisión relevante al ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) la restitución de las Pensiones no Contributivas (PNC) que fueron suspendidas a nivel nacional. Esta medida también implica que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deberá abonar los haberes retenidos de forma retroactiva, en respuesta a un amparo colectivo promovido por el Defensor del Pueblo de Catamarca junto a organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad.
La cautelar reconoce el carácter colectivo del reclamo
El juez Guillermo Díaz Martínez ha establecido que Andis debe restablecer las PNC por invalidez laboral en un plazo de 24 horas y se ha ordenado la suspensión de nuevas interrupciones hasta que se emita una sentencia definitiva. Esta resolución amplía el alcance de una medida que, hasta septiembre de este año, solo estaba vigente en Catamarca.
En su decisión, el magistrado se apoyó en el precedente del caso «Halabi» de la Corte Suprema, que permite tratar de manera colectiva situaciones que afectan a grupos de personas en iguales condiciones. Con esto, se validó la participación de las asociaciones en el proceso, reconociendo el perjuicio homogéneo que sufren los beneficiarios de las PNC.
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Los afectados deben contactar a Andis para confirmar su situación. Si el pago no es restaurado automáticamente, se les aconseja que acudan a la Defensoría del Pueblo o al Colegio de la Abogacía local para recibir asesoramiento legal gratuito.
Fallas en las auditorías de Andis a titulares de PNC
El amparo también cuestiona la implementación del Decreto 843/2024, que modificó los requisitos para acceder a las PNC. Según el reclamo, muchas suspensiones se habrían llevado a cabo sin un procedimiento claro, caracterizadas por auditorías irregulares y defectuosas notificaciones.
Se ha reportado que más de la mitad de las cartas documento enviadas por Andis no llegaron a sus destinatarios en provincias como Chaco, Formosa y Corrientes. Ante esta situación, el juez ha exigido el pago de los haberes adeudados y la continuidad de la cobertura médica del Plan Incluir Salud. Además, se ha suspendido la aplicación del decreto para nuevas auditorías a titulares de PNC mientras se mantenga la medida cautelar.
