El Gobierno nacional implementó una suspensión general de nuevas contrataciones y designaciones de personal en la administración pública nacional, que incluye todos los organismos y entidades bajo su órbita. Esta decisión apunta a racionalizar el gasto público y controlar la plantilla estatal, en el marco de un proceso más amplio de reestructuración impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Detalles de la nueva normativa
La modificación fue oficializada esta madrugada con la publicación del decreto 934/2025 en el Boletín Oficial. A partir de esta normativa, se establecieron excepciones específicas y mecanismos restrictivos que permitirán nuevas incorporaciones solo bajo criterios muy estrictos.
Según el documento, “las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y c) de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”.
De este modo, quedan anuladas las designaciones futuras que impliquen la incorporación de personal a plantas transitorias y contrataciones temporales, entre otros tipos de contratos, incluidos aquellos por prestación de servicios con profesionales autónomos.
Excepciones a la restricción
A pesar de la suspensión, se exceptúan sectores vinculados a la educación universitaria, el Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y personal destinado a trabajar en hospitales, centros asistenciales e institutos de investigación y producción. También se autorizan las contrataciones en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y del cuerpo de guardaparques nacionales.
Asimismo, se incorpora un mecanismo de reemplazo controlado: cada dependencia podrá realizar una incorporación por cada dos bajas a partir de 2026, siempre que no se trate de retiros voluntarios. Para ello, deberán solicitar autorización a la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público.
Prioridades y políticas similares en el sector público
El decreto mantiene la prioridad de cumplimiento del cupo de discapacidad, garantizando la cobertura de cargos destinados a personas con discapacidad, tal como lo establece la Ley N° 22.431. Además, se instó a los representantes estatales ante empresas y fondos fiduciarios controlados mayoritariamente por el Estado a adoptar políticas similares de restricción de personal, extendiendo esta lógica de racionalización más allá de la administración central.
Finalmente, se anunció la derogación del Decreto N° 1148 del 30 de diciembre de 2024, que regulaba las condiciones de contratación en el sector público. En su lugar, el Gobierno decidió prorrogar la Decisión Administrativa N° 28 hasta el 31 de diciembre de 2026, la cual limita las contrataciones estatales, asegurando así la continuidad del control en la incorporación de personal.