El Gobierno nacional ha lanzado una nueva herramienta destinada a afrontar los crecientes conflictos entre usuarios y prestadores del sistema de salud. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 379/2025, se establece el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), que busca resolver disputas de manera más ágil y económica, evitando la judicialización de reclamos contra obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Objetivo de PROMESA
La creación de PROMESA tiene como finalidad reducir la litigiosidad en el ámbito sanitario. Según declaraciones de Fiorella Bianchi, abogada especializada en salud y directora de COINSALUD, esta medida podría ser un cambio significativo en la resolución de conflictos. "El espíritu de la norma es positivo porque, si ayuda a que se solucionen los conflictos, bienvenido sea. Esperemos que baje la litigiosidad", afirmó Bianchi.
Detalles del Procedimiento
PROMESA comenzará a regir a partir de agosto de 2025 y establecerá plazos breves para la mediación. Las partes involucradas tendrán entre cinco y siete días para la designación del mediador y la realización de audiencias. Es obligatorio que las partes cuenten con representación legal, aunque se ofrecerá asistencia jurídica gratuita para quienes no puedan afrontar los costos. Además, la confidencialidad será un pilar clave, garantizando que la información compartida no sea utilizada fuera del proceso de mediación.
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Alcance y Participación
El procedimiento se inscribirá bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia de la Nación y estará enfocado en controversias donde el requerido sea una entidad regulada por las leyes 23.660, 23.661 o 26.682. También se contempla la participación del Ministerio de Salud en las audiencias, en aquellos casos que sean de su interés, para colaborar en la solución de las disputas.
Contexto y Necesidad
El anuncio de PROMESA responde al notable aumento en la cantidad de amparos judiciales presentados por usuarios del sistema de salud, que se quintuplicaron en 2024, según datos oficiales. Con esta nueva herramienta, el Gobierno nacional busca proporcionar una alternativa eficiente que pueda descongestionar el sistema judicial y ofrecer soluciones más rápidas a los ciudadanos.
