El Gobierno nacional avanza con un proyecto de reforma laboral que busca implementar la modalidad de “salarios dinámicos”. Esta iniciativa, que forma parte de un paquete de medidas a impulsarse tras las elecciones, tiene como objetivo reemplazar los aumentos salariales vinculados a la inflación, proponiendo un sistema que se base en la productividad de los trabajadores y el desempeño de las empresas.
Objetivos de la Reforma
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, indicó que la reforma busca “modernizar los convenios colectivos” para adaptarlos a “la realidad de cada región y empresa”. Esto podría incluir pisos salariales más bajos y un mayor margen para ajustar sueldos de acuerdo a los resultados empresariales. Además, se contempla la posibilidad de jornadas laborales de hasta 13 horas diarias, con compensaciones internas, lo que evitaría el pago de horas extras.
Implicaciones para los Trabajadores
El Gobierno argumenta que esta reforma tiene el fin de reducir costos laborales y fomentar el empleo formal, alineándose con las exigencias de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos. No obstante, tanto gremios como expertos advierten que esta propuesta podría resultar en una “nivelación hacia abajo” de los derechos laborales, trasladando el riesgo económico del empleador al trabajador y aumentando la precarización.
Reacción de los Sindicatos
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la provincia de Buenos Aires, su secretario general, Claudio Arévalo, ha solicitado la reapertura de paritarias al Ministerio de Trabajo provincial. Arévalo sostiene que “la inflación golpea mes a mes el salario” y denuncia que las políticas de ajuste están deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores. La principal preocupación de los sindicatos radica en que desligar los sueldos de la inflación podría consolidar una pérdida de ingresos reales entre los trabajadores.
Contexto Económico
Según estimaciones de la consultora Equilibra, durante los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei, el poder adquisitivo de los trabajadores formales se redujo en un 19% respecto al promedio de 2023. Adicionalmente, los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo indican una disminución en el número de empleadores y en la cantidad de puestos de trabajo formales en la provincia de Buenos Aires, lo que acentúa las preocupaciones sobre las consecuencias de la reforma laboral propuesta.