A nueve días del inicio de las sesiones extraordinarias, el equipo técnico del Gobierno nacional finalizó la redacción del proyecto de reforma laboral. Según fuentes consultadas, el borrador quedó en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la senadora de “La Libertad Avanza”, Patricia Bullrich, quienes sostienen que la iniciativa está lista para su tratamiento parlamentario.
El proyecto había generado tensión en mesas políticas y en el ámbito sindical. En la última reunión formal del grupo de negociación conocido como el Consejo de Mayo, un representante de la central gremial CGT rechazó el articulado por considerar que atentaba contra los derechos de los trabajadores. A la vez, en el sector empresario hubo voces que reclamaban un endurecimiento aún mayor de la “modernización” laboral.
Según lo que trascendió, la versión final incluirá modificaciones profundas en varios aspectos: el régimen de convenios colectivos, las regulaciones sobre trabajo individual y autónomo, las condiciones de empleo joven, y cambios sobre la registración laboral, carga fiscal y derechos colectivos. El Gobierno busca que estos cambios generen una mayor flexibilidad y fomenten la creación de empleo formal.
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El plan del Ejecutivo establece que la Cámara de Senadores tratará el proyecto en diciembre, dentro del calendario de sesiones extraordinarias. Para ello, líderes del oficialismo comenzaron a intensificar la búsqueda de apoyos: mantendrán reuniones con gobernadores alineados, representantes provinciales y espacios aliados, con la intención de sumar voluntades antes de fin de año. Si la ley logra aprobarse, el Gobierno prevé combinarla con otras reformas como la del presupuesto 2026.
Mientras tanto, los sindicatos —y particularmente la CGT— anticipan un fuerte rechazo. Desde organizaciones de trabajadores afirman que la reforma podría debilitar derechos laborales históricos y promover la precarización. Las cámaras empresarias y pymes, por su parte, la defienden como necesaria para bajar costos, aumentar la competitividad y promover empleo formal.
El escenario es complejo: la reforma impulsa una transformación del mercado laboral con promesas de modernización y empleo, pero enfrenta resistencia fuerte en el sindicalismo. El resultado dependerá ahora de las negociaciones políticas, los apoyos que logren sumar y de la presión pública que genere el debate.
