El Gobierno argentino prevé una inflación superior al 2% para diciembre de 2023 y confía en una desaceleración en enero de 2024, cuando se conocerá el primer dato completo del año. Las proyecciones internas, aunque no se han convertido en una meta oficial, apuntan a que enero podría mostrar una leve baja respecto a los meses anteriores y que se podría “quebrar” el 2%.
Expectativa sobre la inflación y el IPC
Según el último informe del INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,5% en noviembre, acumulando una variación interanual del 31,4%. Desde la Casa Rosada, aseguran que este índice sugiere que el proceso de desinflación se ha vuelto más gradual en el segundo semestre del año y centran su atención en variables estacionales, como el aumento de la demanda de pesos en diciembre.
Cambios en el esquema cambiario
El Banco Central implementará modificaciones en el esquema cambiario a partir de enero. La banda de flotación del dólar se ajustará mensualmente, con un rezago de dos meses respecto al último dato de inflación publicado por el INDEC. El objetivo de esta medida es administrar la volatilidad del tipo de cambio sin desarmar el ancla monetaria ni trasladar los ajustes a los precios.
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Proyecciones del presupuesto y planes económicos
Las proyecciones oficiales del Presupuesto 2026 estiman una inflación interanual del 10,1% para diciembre del próximo año y un tipo de cambio oficial cercano a $1423. Desde el Ministerio de Economía, aclaran que estas cifras son escenarios de referencia y no compromisos explícitos en el corto plazo.
Perspectivas del Gobierno y opiniones de Milei
El presidente Javier Milei ha afirmado que la inflación “va a arrancar en cero” entre junio y agosto de 2026, citando un retraso en la política monetaria que podría ser de hasta 26 meses. Según Milei, esto sugiere que para mediados del próximo año, la inflación comenzará a estabilizarse.
Medidas fiscales y laborales en el corto plazo
El Gobierno también busca fortalecer el ancla fiscal mediante decretos que redistribuyan partidas tras la eliminación de partidas del Presupuesto, que incluía la derogación de leyes relacionadas con la discapacidad y el financiamiento universitario. Otras prioridades incluyen un proyecto para utilizar dólares del “colchón”, reformas laborales, un recorte del 10% del empleo estatal y la profundización del plan de privatizaciones.
