El enfrentamiento entre el Gobierno y el dirigente kirchnerista Juan Grabois ha tomado un giro significativo tras la toma del Instituto Juan Domingo Perón. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que Grabois será responsable de los daños ocasionados en el edificio durante la ocupación, destacando que la situación implicó una serie de actos de violencia y usurpación de un bien estatal.
Responsabilidad de Grabois
Durante una conferencia, Bullrich aseguró que Grabois “rompió un blindex” y accedió al inmueble por un lugar no habilitado. En su declaración ante los medios, enfatizó que “no se puede permitir que alguien tome un bien del Estado y retenga a policías”. A pesar de ser detenido, Grabois fue liberado posteriormente, pero el Gobierno mantiene la firme intención de que él asuma las consecuencias de los actos cometidos.
Detención y liberación
El dirigente social fue arrestado bajo cargos de usurpación y violación de la ley, pero fue liberado en la madrugada del domingo tras pasar la noche en la Superintendencia Federal de Investigaciones. Grabois defendió sus acciones, afirmando que “no hay una imputación específica” en su contra y que no existía una orden de desalojo, insistiendo en que su movimiento buscaba reivindicar el derecho a la memoria histórica.
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Declaraciones cruzadas
En su defensa, Grabois acusó al Gobierno de ser “dictatorial” y cuestionó sus decisiones, aduciendo que su lucha es por el patrimonio histórico. Se desafió la versión oficial al afirmar que su grupo no retuvo efectivamente a los policías, sino que incumbió en una acción pacífica de protesta.
Por parte del Gobierno, se anticipa una lucha legal para que la Justicia evalúe los posibles delitos, los cuales podrían incluir “daños y privación de la libertad” de los agentes involucrados. La postura oficial busca establecer un precedente en cuanto a la defensa de los bienes del Estado y la seguridad pública frente a actos de ocupación.
