El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso dos proyectos de ley que buscan transformar áreas críticas como la salud mental y el sistema de pensiones no contributivas por invalidez. Ambas iniciativas, presentadas en el Senado, cuentan con un pedido de tratamiento urgente.
Cambios en el sistema de pensiones por invalidez
Según el Ejecutivo, estas propuestas son parte de una estrategia para modernizar esquemas que consideran saturados, orientándose a mejorar la asignación de recursos y reforzar los controles. Una de las iniciativas se centra en las pensiones por invalidez, un sistema que pasó de alrededor de 76.000 beneficiarios en 2003 a cerca de 1,2 millones en 2023.
Auditorías oficiales han detectado múltiples irregularidades en este programa, incluyendo prestaciones otorgadas a personas que no cumplían con los requisitos médicos o casos en los que se registraron domicilios inexistentes.
La propuesta contempla la modificación de la ley 13.478 y otras normativas relacionadas, con el fin de establecer mecanismos más rigurosos para prevenir y detectar fraudes. Desde el Gobierno aseguran que estas fallas en el sistema provocan un uso ineficiente de los recursos públicos, perjudicando a quienes realmente requieren asistencia.
Reforma de la ley de salud mental
De forma paralela, se envió una reforma a la ley de salud mental, 26.657, que incluye cambios en normativas complementarias y en el Código Civil y Comercial. El proyecto propone ampliar la perspectiva actual, incorporando no solo la protección, sino también la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales.
Uno de los aspectos más discutidos es la modificación del criterio para las internaciones involuntarias. La propuesta sustituye el concepto de “riesgo cierto e inminente” por una definición más abarcativa: “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. El oficialismo sostiene que esta modificación permitiría una respuesta más rápida en situaciones críticas.
Asimismo, se sugiere otorgar un papel más relevante a la opinión médica, especialmente de psiquiatras, en la evaluación de pacientes y facilitar el desarrollo de establecimientos dedicados al tratamiento de salud mental y adicciones. Además, se establece que las inspecciones en estos centros deberán contar obligatoriamente con la participación de profesionales especializados.
Ambas iniciativas llegan en un momento en que el Gobierno busca implementar reformas estructurales en diferentes áreas del Estado, con la intención de acelerar su tratamiento legislativo en las próximas semanas.