El derecho a la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Argentina se encuentra en una situación crítica. Apenas el 1,37% de los empleados públicos cuenta con el certificado único de discapacidad (CUD), muy por debajo del cupo obligatorio del 4% establecido por la Ley 22.431. Este incumplimiento resalta la distancia entre la normativa vigente y la práctica real en el sector público.
Datos del incumplimiento
En su último informe al Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, indicó que actualmente hay 4,467 personas con CUD en la administración pública nacional. Sin embargo, de los 138 organismos evaluados, solo 14 cumplen o superan el mínimo legal. Curiosamente, ningún ministerio se encuentra dentro de este grupo.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, comentó que la inclusión laboral de personas con discapacidad en el Estado es incluso menos del 1%. “Hemos denunciado esta situación a todos los gobiernos, pero ninguno ha cumplido”, afirmó Aguiar. La realidad es alarmante: en los últimos meses, se han documentado 401 despidos de trabajadores con discapacidad que no eran parte de la planta permanente. “Estos casos han sido judicializados, pero la mayoría aún carece de resolución”, añadió.
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Organoismos que cumplen
El informe destaca ciertos organismos que sí han logrado cumplir con el cupo del 4%. Entre ellos se encuentran:
- Superintendencia de Riesgos del Trabajo: 9.48%
- Agencia Nacional de Discapacidad (Andis): 8.84%
- Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos: 6.9%
- Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur: 6.59%
Estos organismos representan ejemplos positivos en un panorama que en general es desalentador, ya que la mayoría no logra cumplir con la ley.
Situación en el ámbito provincial
La problemática de la inclusión laboral no es exclusiva de la administración pública nacional. En provincias y municipios, la situación es similar o peor. Aguiar subrayó que “el cumplimiento del cupo también debe extenderse a los estados provinciales y municipales”, aunque lamentó que en muchas jurisdicciones falta legislación o el cupo es inferior al de la normativa nacional.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Ermelinda Garbini mencionó que “la mayoría de las jurisdicciones no logra alcanzar el 4% establecido por la ley”. Además, enfatizó que la falta de mecanismos de promoción y fiscalización efectivos limita el cumplimiento, dejándolo a la discrecionalidad política.
Derechos vulnerados
Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene valor constitucional en Argentina, el Estado está obligado a garantizar el acceso al trabajo en igualdad de condiciones. Sin embargo, aún persisten obstáculos significativos, como prejuicios, discriminación y falta de oportunidades en el mercado laboral.
Garbini observó que las mujeres y las personas con discapacidad intelectual y psicosocial enfrentan las mayores barreras. Para avanzar en esta área, sugirió la necesidad de concientización, adaptación de espacios y procesos, así como la creación de apoyos específicos que faciliten la integración y el desarrollo profesional. “Es crucial generar un sistema que atienda las necesidades de quienes ingresan al mercado laboral con algún tipo de discapacidad”, concluyó.
