La senadora electa por Río Negro, María Lorena Villaverde, enfrenta un complejo panorama tras su detención y condena por narcotráfico en Estados Unidos. La legisladora, que desde 2023 es diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), obtuvo la nulidad de su condena y fue excarcelada, pero no ha podido asumir su cargo en el Senado debido a la presión opositora por sus antecedentes penales.
Los antecedentes judiciales de Villaverde
La acusación contra Villaverde se cerró en 2017, tras catorce años y medio sin avances en el proceso judicial. La Fiscalía Federal de Florida retiró los cargos en su contra, debido a la falta de progreso en el caso, según documentación judicial.
La senadora, quien no pudo jurar como tal a causa del escándalo, enfrenta serias dudas sobre su integridad. LA NACION intentó obtener declaraciones de ella, quien se encuentra en medio de una situación complicada, pero hasta el momento no brindó respuestas claras.
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Detención y acusaciones en Estados Unidos
Los problemas jurídicos de Villaverde comenzaron el 15 de julio de 2002, cuando fue detenida en Sarasota, Florida, acusada de tráfico de más de 400 gramos de cocaína junto a Fabio Restrepo y Jesús Ferrer. En aquel momento, ella tenía 28 años y residía en Miami.
Tras su arresto, compareció ante la jueza Mary S. Scriven, quien fijó una fianza de US$50.000. Villaverde se declaró no culpable, pero el jurado la halló culpable de dos cargos de narcotráfico el 18 de octubre de 2002.
La sentencia estaba programada para el 22 de octubre, pero Villaverde demandó un nuevo juicio. En este contexto, la jueza accedió a su solicitud, aunque no le otorgó la libertad bajo fianza.
El retorno a Argentina y la nueva vida
Tras su excarcelación, Villaverde regresó a Argentina en una fecha que no ha sido precisada. Se estableció en el partido bonaerense de Tigre, donde contrajo matrimonio. Posteriormente, se mudó a Río Negro y forjó cercanías con Claudio Ciccarelli, vinculado a Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos.
Desde su regreso, el caso judicial en su contra quedó paralizado. En agosto de 2017, la Fiscalía retiró formalmente los cargos, y las pruebas relacionadas fueron destruidas en marzo de 2019 por falta de interés.
